Patricio Guzmán y El botón de nácar: cosmogonía, bellezas, historias

x Demian Paredes

 

Entre la cantidad de aspectos que se ponen de relieve en El botón de nácar (2015), segunda entrega de la trilogía que ha planeado el cineasta chileno Patricio Guzmán –y que comenzó con Nostalgia de la luz (2010)–, se destaca la inmensa, inconmensurable belleza natural, y la sustancia-esencia de la misma: el agua. Ese es el punto de partida. Como si hubiera un diálogo (“imaginario”) con el artista y teórico argentino Gyula Kosice (1924-2016), o cuando menos ciertos ecos del utopista de la “ciudad hidroespacial”, Guzmán nos propone apreciar al agua como sustancia fundamental (y fundante) de la vida, no sólo en nuestro planeta sino en todo el cosmos. Las imágenes que toma y muestra Guzmán, navegando los mares y las costas helados de la Patagonia oeste, impactan y asombran; sea una gran montaña de hielo, un iceberg, sea el primerísimo plano de una pequeña gota, transitoria y fugazmente ubicadaenla hoja de una planta. También, como ya se había mostrado en Nostalgia..., se ven las imágenes que toman los observatorios instalados –no sin que haya cierta paradoja o ironía en esto– en el desierto de Chile, la región más seca del planeta. Y por últimoestán los relatos que, pordiversas “coincidencias”, van conectando distintos (o no tan distintos) aspectos de las historias allí narradas.  

En esta“historia del agua” un capítulo lo tienen los pueblos indígenas: la etnia yagán, uno de pueblos que habitaban –recorrían– las tierras del sur, luego colonizados y dominados por Europa. Un pueblo nómada que anduvo por las tierras australes, navegando los fiordos y canales fueguinos, hasta que los confinaron en tierra, los oprimieron y reprimieron,y los empujaron hacia la decadencia. La información documental, las fotos, son más que elocuentes, junto al testimonio de un hombre que, pese a las reglamentaciones y prohibiciones del Estado “moderno”, intenta preservar la tradición de navegar las aguas con una embarcación propia. Otro testimonio lo dará una mujer perteneciente a loskawésqar. Hay dos defensas aquí: la de la tradición y la del idioma. Por su parte, otro núcleo de la historia lo tiene la última dictadura en Chile –también emparentada con el agua, como aquí en Argentina, con los tristemente célebres “vuelos de la muerte”–, ypara esto se invita a Raúl Zurita, poeta chileno (recientemente premiado con el iberoamericano “Pablo Neruda”), a que désu palabra sobre la represión en su país. (De algún modo, todo esto permite hacer cierta conexión –o tiene su familiaridad– con la hipótesis o planteo que trazara David Viñas en su libroIndios, ejército y frontera: la gran matanza “doble”, que se repite a lo largo de la historia: en primer lugar el genocidio de los pueblos nativos del sur de América –“quizás, los indios ¿fueron los desaparecidos de 1879?”, es la pregunta de Viñas–; y luego, cien años después, el genocidio de los militares y las dictaduras, en las décadas de 1960 y 70, contra los luchadores populares).  

El botón de nácar posee así un arco narrativo que va de la vida a la muerte: de la vida que emerge de la naturaleza,y se desarrolla a lo largo de la historia, a la muerte –el asesinato, el crimen político– en las sociedades (históricas) “modernas”, creadas por el ser humano. Guzmánrecuerdaen esta película que, según se dice, el agua “guarda la memoria del planeta”, yél cree que, además, “tiene voz”. Así, dos coincidencias que hacen al relato son contenidas y constituidas(“dichas”) por el agua: el recuerdo (y relato) del propio Guzmán sobrela desaparición de un compañerode escuela, que jugaba entre las rocas de una playa; y lustros después, allí mismo, en esa misma playa, en 1976, la aparición del cadáver de una mujer… La otra: el recuerdo de la historia deJimmy Button (un episodio conocido –protagonizado por un joven yagán, víctimadel colonialismo inglés– que entre nosotros ha contado la escritora Sylvia Iparraguirre en su novelaLa tierra del fuego) y cómo, con qué lograron subirlo a la embarcación que lo llevaría a la “civilización”, para que lo “educaran”: pagándole con un botón de nácar –y de ahí su rebautizo con un nombre “gentleman”–. Y junto a esto, siguiendo los relatos (y restos) de los desaparecidos por la dictadura de Pinochet, investigando en el fondo del mar, hay un botón que se hallará.  

Música exquisita, imágenes delicadamente compuestas (montadas), una formidable riqueza narrativa (incluyendo el guion con la voz en off del cineasta). El botón de nácar tiene una cadencia, un ritmo, que avanza, lenta y sostenidamente, creando, así, una poderosa y poética cosmogonía fílmica que restituye la historia (“natural” y social) del ser humano, enfocada especialmente en la libertad y la opresión, dos polos iguales (o equivalentes) a la vida y la muerte. Dos movimientos, dos tendencias, que rigen nuestra existencia y que la película de Patricio Guzmán trabaja magistralmente, utilizando las grandezas de la naturaleza (tal como lo ha hecho el mismo Zurita –inscribiendo su poesía en los cielos yen el desierto, y con un plan para hacerlo ahora en las rocas–, o como lo ha trabajado el escritor Ariel Dorfman –por ejemplo, entre tantos que se pueden citar, en su libro Memorias del desierto–) no como telón de fondo, sino como un escenario en pura transformación y en movimiento, activo, ofreciendo su belleza y la posibilidad de encontrar respuestas significativas. O –al menos– vislumbres de ellas.  

 

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Patricio-Guzman-y-El-boton-de-nacar-cosmogonia-bellezas-historias

Tras la crisis, sigue la pobreza

Informe sobre el Estado Social de la Nación. España 2015

La huella de la crisis será alargada, indica el informe sobre ’El estado social de la nación 2015’, presentado hoy en Madrid, que alerta del aumento de las familias "pluridesahuciadas". Aunque de momento es imposible cuantificar cuántas familias se encuentran en esa situación, el informe pronostica que casi la mitad de los españoles vivirá en situación precaria o en riesgo permanente de caer en la pobreza tras la crisis.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado hoy su ’Informe sobre el estado social de la nación 2015’, como respuesta al documento con el mismo nombre que presenta cada año el presidente de Gobierno en el Parlamento.

Por tercer año consecutivo, la entidad ha realizado este informe, que tiene como objetivo demostrar que "hay otra forma de ver las cosas, donde las personas son lo principal, no una mera comparsa del debate económico", destacó el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, quien anunció que este informe se debatirá por los principales partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, salvo el PP.

En el informe se clasifica a la sociedad española en cuatro capas, la primera de las cuales la compone "una fina capa de población activa muy enriquecida", seguida de una "adelgazada capa de familias con activos" que resisten a la crisis económica, una tercera capa de población no activa formada por pensionistas "cuyas pensiones se han mantenido en unos valores que han creado el espejismo de mejorar su posición relativa en cuanto a mediana de renta" y, por último, una cuarta franja de población formada por "una ingente cantidad de ciudadanos activos expulsados de la vida laboral y de la vida financiera cuyos proyectos vitales se han truncado".

Según el informe, desde 2009 más de 1,3 millones de personas se han sumado al colectivo de personas en riesgo de pobreza y exclusión que residen en España y que se acerca a los trece millones. Los ingresos medios de los hogares españoles se redujeron en 2013 un 10,9% en relación a 2009. Por ello, la organización advierte de que la pobreza y la desigualdad pueden perpetuarse en España, independientemente de la salida de la crisis económica, en caso de que se establezcan la situación y políticas actual como un nuevo "modelo social": "Es probable que los incrementos del PIB, en caso de mantenerse, reduzcan gradualmente los actuales niveles de empobrecimiento —reconoce el informe— pero cientos de miles de personas y familias seguirán instaladas en la pobreza, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas", señala el informe.

Así, el porcentaje de hogares en los que todos los miembros están ocupados no alcanza a la mitad (49,6%), de acuerdo con los datos de la última EPA de 2014, y dos terceras partes (67,8%) tienen "algún miembro activo". El informe, que analiza en profundidad las problemáticas relacionadas con el trabajo, señala que "si no se cambian radicalmente las políticas actuales, se mantendrá en el futuro un porcentaje muy elevado de hogares con todos sus miembros activos en paro".

Además, afirman que "no existe ningún ascensor social" para una de cada cinco personas que forman parte del último grupo de población y creen que los mecanismos de movilidad social van a ser "cada vez más intransitables" para la mayoría de la población y que "mejorar en la escala social va a ser cada vez menos frecuente".

Informe Estado Social 2015

Fuente:El Salmón Contracorriente

 

Ya es hora de tomarse las elecciones municipales en serio

Carlos Martínez.

El título de este artículo es conscientemente provocador. El poder local, es muy importante, no solo porqué debe ser transparente y participado, sino porque aspectos muy cotidianos de la vida de las personas se resuelven o no en dicho espacio vital y político.

Movilidad, abastecimiento y saneamiento, cultura, deporte, ocio, zonas de esparcimiento, comerciales, turismo o licencias de actividad y desarrollo se resuelven en dicho ámbito junto con otras tan importantes y transversales como el urbanismo o la seguridad ciudadana, protección civil o servicios para las ciudadanas y ciudadanos como lucha frente al patriarcado, problemas de pobreza, exclusión social o marginación. Incluso la muerte, pues los cementerios son competencia municipal.



1. El Municipio en el estado español. Etapa inicial tras la transición

En el estado español, el ayuntamiento ha sido siempre un eje capital de su vida, pero también de su acción política. Los ayuntamientos eran el primer objetivo a ocupar en las revueltas liberales del siglo XIX, o en las rebeliones obreras internacionalistas o nos trajeron la II República. En los comienzos de la Transición y tras las primeras elecciones generales, llegaron las municipales que se vivieron con una explosión de ilusión y esperanza y que a efectos prácticos vencieron las izquierdas. Trajeron una época de gestión política local que hay que reivindicar. Fue seguramente el resultado más brillante de la Transición y sus ocho primeros años o dos primeras legislaturas e incluso alguna posterior, tienen un balance muy positivo y sobre todo mejoraron de forma exponencial la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos. Por tanto, es mentira e injusto afirmar que todo se hizo mal y hay que extraer conclusiones del camino andado hasta ahora. Por otra parte ni todos los ayuntamientos se han gestionado igual, ni en todos ellos ni mucho menos, ha habido casos de corrupción.

Los principales problemas que han tenido los ayuntamientos han sido, por un lado la despreocupación real sobre los mismos de las fuerzas políticas estatales y nacionales en sus escalones cupulares desde 1978 hasta nuestros días. La prepotencia y ninguneo de las Comunidades Autónomas sobre ellos, considerándoles entes inferiores –lo cual no es cierto- son entes autónomos y por ejemplo tienen competencias que las comunidades autónomas no poseen. La escasa o nula financiación para cumplir las competencias que la propia ley les asigna, hecho este nunca resuelto satisfactoriamente y por último la penetración de la mercantilización y el neoliberalismo en la gestión local cuya consecuencia ha sido introducir el negocio y por tanto la posibilidad de corrupción, en los entes locales. La escasa financiación e irregularidades para lograrla, aunque parezca extraño, no siempre han acabado en casos de corrupción y es la consecuencia del problema que señalo, no resuelto.



La última etapa de los municipios ha sido la que más casos de corrupción han producido. Falta de transparencia e incompetencia se han incrementado. Debido a eso, la mercantilización y el triunfo de las ideas neoliberales en gestión política que en los ayuntamientos han tenido su principal laboratorio para luego ser importado a Comunidades Autónomas y al Estado y esto no se puede olvidar ni obviar en cualquier análisis serio. Aderezado con la burbuja del ladrillo y la gran fiesta indecente e irresponsable de la destrucción territorial y la construcción irresponsable, fomentada de forma muy principal por Aznar, Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, los grandes bancos y la oligarquía rentista española. Que Zapatero fue incapaz de revertir y de cambiar de paradigma de crecimiento, insostenible y dañino, pero que fue tremendamente beneficioso para unos pocos, especialmente las oligarquías estatales, provinciales y locales, que son las se enriquecieron exponencialmente. Pero que ojo y advierto, fue capaz de untar y corromper también a amplias capas sociales y segmentos de población muy importantes de todo el estado español, que fueron colaboradores necesarios y eventualmente beneficiados por la fiebre del ladrillo, que auspiciaron y votaron candidaturas locales mafiosas, corruptas o situarían al PP como el partido con mayor poder local de la historia, para tener manos libres en su financiación y boato de forma especialmente notoria en la costa mediterránea y Madrid.



Coincide en los municipios los inicios de la burbuja inmobiliaria, inventada en los EE.UU por su Reserva Federal y entusiásticamente importada por Rodrigo Rato a la sazón ministro de Economía de Aznar, con la privatización masiva de los servicios municipales y de gestión local. Alcaldes del PSOE, PP, CiU o PNV, incluso algunos nacionalistas de centro-izquierda, sucumben a los cantos de sirena de las empresas privadas de aguas, basuras, construcción, recaudación, bancos y cajas de ahorros que predican la buena nueva de la privatización del agua, la recogida de residuos, pero también de los cuidados de jardines, obras de mantenimiento urbano o cultura, ocio e instalaciones deportivas entre otras, incluso ya los cementerios. Toda una borrachera privatizadora, que encarece todas las prestaciones de los vecinos y sus familias y convierte en un nuevo nicho de negocio los ayuntamientos, vía contratos con las empresas privadas concesionarias. Aguas de Barcelona ligada a la multinacional Sedan o Florentino Pérez y sus turbios manejos desde el palco del Bernabéu, verdadera “corte de los milagros” en el Aznarato o las hermanas Koplowitz y FCC, junto empresas incluso de Seguridad, se hacen poco a poco con la tarta de la gestión local, favorecidas por los poderes de Madrid. En la época de Zapatero su neoliberal ministro Miguel Sebastián le hace un último favor a las empresas eléctricas que pone a los pies de los caballos a los depauperados, atracados y ninguneados ayuntamientos con el silencio cómplice y cobarde de excesivos alcaldes del bipartito y que sitúa los intereses recaudatorios de las “pobres” compañías eléctricas, por encima del derecho a alumbrado público de barrios, pueblos y ciudades. O pagan en el momento o se le corta el alumbrado público de una ciudad.



Los ediles han ido perdiendo paulatinamente independencia y criterio. También autoestima y dignidad. No todos, pero si demasiados. Encima han sido muchas y muchos miserablemente utilizados por los aparatos provinciales y estatales de sus partidos. Aquellos alcaldes, concejales y presidentes de Diputación municipalistas y capaces de enfrentarse a Gobiernos, partidos y caciques en los doce primeros años de la Transición-a pesar de sus errores-, pasaron a la historia, en demasiados casos, -no en todos-, también es cierto. Incluso el estado español se sembró de candidaturas locales, ligadas a intereses de constructores o caciques provinciales que promocionaron muchos partidos locales o agrupaciones de electores independientes, casi siempre de derechas. Hay que hacer la salvedad de candidaturas locales surgidas de personas que no se plegaron a intereses de sus aparatos provinciales políticos o bien por mantener posiciones de coherencia política que en el caso del PSOE fueron significativas y todavía existen con total honradez, entrega y consecuencia. O bien en Euskadi por orillar la nefasta y autoritaria ley de partidos vigente, que sobre todo perjudica las candidaturas locales.



2. El mito del desarrollo local y el ladrillo. La nueva ley privatizadora

Así pues un peligroso coctel de ediles pusilánimes y pelotas, mezclado con carencias en la financiación local, las tentaciones del ladrillo, unas veces por creer que el desarrollo y el empleo se miden en grúas en sus pueblos o bien por sinvergüenzas sin escrúpulos o todo mezclado ha dado lugar a una nefasta etapa local de ladrillo, endeudamiento suntuario e innecesario, contratas privadas y privatización de servicios que ha sido lo fomentado en estos años pasados de oropel y mentira. Pero tres consideraciones, primera que ni todos son iguales, falso, ni en todas partes se ha hecho mal, ni siquiera en ocasiones equivocaciones, errores o contratos han sido para enriquecimiento personal de sus autores o autoras. Han sido fruto del concepto neoliberal y empresarial de la gestión local que PP, PSOE y otros han propiciado. En segundo lugar que muchísimos alcaldes y alcaldesas de esta nefasta época siguen con la vara e incluso muchas y muchos piensan presentarse a la reelección. También alcaldes depredadores y muchos de ellos y ellas pueden resultar reelegidos, advierto. En tercer lugar las dudas, ignorancias o peleas de niños de activistas más o menos bien intencionados pueden consolidar en los salones de plenos a candidaturas “de antes”.

Pero por si esto no fuera poco, el Gobierno del PP nos hace llegar a las elecciones con una nueva ley conocida como la LARSAL o ley de armonización racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales –ley 27/2013-, que modifica sustancialmente el cuadro competencial, merma la democracia local y capacidad de decisión de los nuevos ediles, deja como meros símbolos decorativos a los ayuntamientos rurales o pequeños ayuntamientos peri-urbanos, por cierto muy abundantes en las áreas metropolitanas y concede a las Diputaciones Provinciales más competencias, pues en estas espera atrincherarse el PP y sobre todo, establece la nueva ley, la privatización obligatoria de los servicios locales y entre ellos los servicios sociales, que son el botín ansiado de Florentino Pérez, FCC y varias multinacionales, cuyos contratos adjudicarán en gran parte las propias Diputaciones en las que el PP y el bipartito se piensan hacer fuertes. Advierto.



3. Diputaciones y cabildos. También son poder local



Por tanto hay que tomarse muy en serio las próximas elecciones locales y digo locales y no municipales, pues en ellas elegiremos concejales, estos a su vez alcaldesas y alcaldes. Todos los ediles a su vez elegirán diputadas y diputados provinciales o cabildos insulares- según los votos obtenidos por los partidos y coaliciones, en los diferentes partidos judiciales, que en el caso de las Agrupaciones de electores solo computan de forma local y no de circunscripción, por lo que pierden su oportunidad de obtener representación generalmente-, excepto en el caso de las Diputaciones Forales que tienen otro sistema electivo y se circunscriben a Euskadi exclusivamente. Pero es que según el resultado obtenido haya o no diputaciones y cabildos, mancomunidades y consorcios de gestión de aguas y otros servicios también cambiarán de manos o seguirán en las mismas y hoy en día existen numerosos servicios consorciados. Advierto, la nueva ley de “racionalización y sostenibilidad” deja maniatadas a las próximas corporaciones locales. También informo que esta ley 27/2013, ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi y Canarias. Puede ser modificada por un nuevo gobierno del estado, pero todas y todos sabemos que una nueva ley no es un huevo que se hecha a freír. Por lo pronto en estas elecciones locales debiéramos exigir la derogación de la LARSAL y la vuelta en primera providencia a la anterior ley de financiación de los entes locales o a la de Bases de Régimen Local-ley 7/1985-, mientras se elaboran dos nuevas leyes

.

Otro problema son las Diputaciones Provinciales. Existen y cumplen unas mejor y otras peor sus funciones, que por cierto muchas de ellas son imprescindibles para ayuntamientos no capitales de provincia e incluso en muchos casos inciden en estas y mucho más de lo que se piensa. Solo un ejemplo, sus instalaciones están radicadas en las capitales de provincia y en ellas trabajan en el Estado bastantes miles de funcionarios, de trabajadores y trabajadoras. Se pueden suprimir cambiando la Constitución y en eso estamos, pero hay que buscar una alternativa para los trabajadores, además de la de enviarles al paro. Pienso. Crear estructuras comarcales es muy interesante y tal vez se puedan recolocar a muchos y muchas en ellas, pero ¿Cuánto van a costarnos la creación de cientos de estructuras comarcales en lugar de 45 Diputaciones Provinciales? No es sencillo. Si las comunidades autónomas no cumplen y bien esas funciones, la cosa estará complicada. Mientras tanto, con las diputaciones pues, sanearlas, hacerlas más operativas y convertirlas en una red territorial de municipios que por economía de escala ahorre gastos corrientes a los ayuntamientos. O bien transferir de forma ordenada y financiada a los municipios sus competencias y personal. Pero mientras tanto, repito ¿Se las regalamos al bipartito y a los nacionalistas de derechas?



Por otro lado y de paso, debemos advertir y advertimos a aquellas personas dirigentes políticas que creen en la supresión de ayuntamientos para racionarlos, además de coincidir con los planes Troika, demuestran no conocer el mundo rural o de los pequeños pueblos y se pueden encontrar con auténticas rebeliones populares. Tener ayuntamiento da seguridad e identidad a los vecinos y vecinas que tienen a dónde acudir y además, lo más importante, se pueden autogobernar.



Otro problema no menor con respecto a las Diputaciones es que las comunidades autónomas uniprovinciales tienen transferidas sus competencias y por tanto, Madrid, que es una de ellas, no tiene Diputación funcionando. Sí que en Madrid, exista una comunidad autónoma ya es algo chusco, que en la Transición fue un asunto muy debatido y cuestionado, tiene otro problema y es que expertos, politólogos y juristas de Madrid, en general, no contemplan este asunto en su vida cotidiana, luego para ellas y ellos no existe. Por qué digo esto. Sin ánimo de ofender. Pues porque ante el curioso ambiente que se vive de neocentralismo “progresista” lo de Madrid ha vuelto a estar en el candelero y en mi opinión de forma excesiva y peligrosa en el estado español. España o el Reino de España, es grande para el tamaño europeo de estados. Con mucha costa y Madrid es interior y además coexiste con grandes ciudades que

tienen peso propio y son cosmopolitas, tienen puertos de mar, legado industrial y/o una gran vida y personalidad propias, incluso con cultura diferenciada. Luego a la hora de articular el Estado, hay que contar con su pluralidad, cultural, nacional y provincial o administrativa. Hay que contar con la importante red de ciudades, por cierto de las más ricas, numerosas, pobladas y variadas de Europa.

4. De los centros cívicos al centro financiero. El poder de los no electos. La rebelión de las ciudades



El neoliberalismo ha localizado en unas pocas ciudades sus centros de poder, al objeto de controlar mejor la globalización financiera y comercial así como los flujos de capital especulativo del mundo. Para ello ha potenciado los centros financieros como centros reales de poder, ubicándolos en unas pocas urbes. En consecuencia la gran apuesta cultural, económica y política de Aznar, fue convertir a Madrid en un centro financiero y por tanto el centro de poder del estado español y esa herencia del “Azanarato”, pesa, ha calado incluso en ambientes no a la derecha precisamente. Sigue pesando y mucho. En ese sentido vivimos un retroceso y eso provoca entre otras muchas cosas el neo centralismo y por tanto que muchos y muchas “expertas” no vivan las elecciones locales con la intensidad que se merecen. Eso es lo que ha provocado que la más clara y elaborada propuesta -además con éxito inicial- de transformación local y de recuperación del poder popular venga de Barcelona, se haya elaborado en Barcelona y sea donde más avanzados tiene sus trabajos, pues es el original. Y en Barcelona el ayuntamiento tiene un gran peso político. Guaynem Barcelona es la referencia que además posee liderazgo y apoyo político real.



Otro peligro que deseo reseñar además del neo centralismo, es que muchos de los procesos asamblearios y ciudadanistas que se están viviendo, son también de élites. Élites diferentes y novedosas, pero de activistas que no llegan al pueblo real y si lo hacen, el llegar a los barrios y sobre todo a los barrios duros, deprimidos y con problemas es a través de líderes vecinales o de asociaciones de vecinos u otro tipo de asociaciones ya existentes, -pero no siempre-, con muchas dificultades para lograr alcanzar a los grupos de viviendas y escaleras. Al menos el intentarlo ya es positivo. Pero no se conecta con pueblo sufriente y víctima de la crisis, excepto en el caso de la PAH, y otros afectados por desahucios, o bien algunos núcleos de apoyo sociales, vecinales, incluso parroquiales, que llevan años de acción continua. De hecho a la mayoría de la población en paro, no se llega excepto en casos muy concretos. No digamos con juventud discotequera y pastillera de barrios, que hace sus botellones o se “pone” de canutos en solares y descampados de sus barriadas, condenados al paro y viviendo exclusivamente por su supervivencia en una jungla urbana sin futuro, en la que en demasiadas ocasiones comienza a imperar o impera ya plenamente, la ley del más fuerte. Tampoco estos movimientos novedosos penetran eficazmente en el mundo rural, que por cierto es en el que más fácil sería gobernar por medio de concejos abiertos.

Pero todos estos movimientos si denotan algo muy positivo y es la rebelión de las ciudades, de los pueblos y la hartura de la ciudadanía, al menos de la sufriente y de la consciente. Hay pues un momento tan interesante y de quiebra del régimen, que lo debemos aprovechar bien. El cómo hacerlo, es una cuestión de decisión colectiva, a lo que tan solo pretendo aportar propuestas fruto del conocimiento y experiencia en el medio local.



Por tanto y a modo de conclusión

:

- Las elecciones municipales son capitales y hemos de pensar que millones de personas vivirán mejor o peor según sus resultados. Transporte público, alumbrado o servicios sociales locales pasando por cortar de raíz el poder oligárquico y su control sobre los municipios dependen de su resultado. Luego, no son un juego. Hay que ir a ganar.

- El PP está vaciando las competencias locales e impulsando legislación privatizadora y “re centralizadora”. Los municipios están seriamente amenazados y hay que exigir la supresión de la LRSAL ley 27/2o13

.

-  Las diputaciones existen y concurren también a estas elecciones. Se las podemos regalar al PP y al Bipartito, según la formula política de candidaturas. O tomarlas para el pueblo. Luego ya veremos. Pero los planes de obras y servicios, no esperan.

- La ciudadanía se está revelando, luego es el momento de impulsar el triunfo de las izquierdas mosaico y plurales, al objeto de rescatar los ayuntamientos para que desde ellos el pueblo se auto-gobierne e iniciar un periodo constituyente. Los ayuntamientos son un foco de negocio para oligarcas y multinacionales que trafican y hacen negocio con nuestros servicios públicos. Hay que recuperarlos.



- Las elecciones locales no son localistas o administrativas, son elecciones políticas y de primer orden. Son de una gran importancia y pueden significar el inicio del derrumbe electoral y político del régimen.

 

                         

             

            Carlos Martínez. Politólogo, miembro del Consejo Científico de Attac y de Alternativa Socialista

             

 

 

50.000 familias perdieron su casa en 2013, un 11% más que el año anterior

Más de 49.600 familias, en concreto 49.694, perdieron su casa en 2013, un 11 % más que un año antes, principalmente por decisión judicial pues hubo 28.173 desahucios, un 18,5% más que en 2012, según los datos publicados por el Banco de España.

A pesar de este aumento de los desahucios, en el 92,7% de los casos se trató de inmuebles que estaban vacíos, 26.113, frente al 7,3% restante, 2.060 viviendas, que estaban ocupadas y fueron desalojadas por orden de un juez, un 36,3% menos que en 2012. Esto explica que la entrega de viviendas con intervención de las fuerzas del orden cayera un 57% en 2013, hasta 147 casos.

Al margen de los desahucios, las familias también perdieron su casa en 2013, tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que se produjo en 21.521 ocasiones, un 2,6% más que en 2012.

Pese a la presión social, las entidades han reducido menos de un 10% la entrega de primeras viviendas, hasta 17.907. Hubo un total 16.173 daciones en pago, sólo un 1,3% más que un año antes, con una reducción del 13,15% en el caso de viviendas habituales, hasta 13.178, y un aumento de 3,7 veces en otras viviendas, hasta 2.995.

En total, teniendo en cuenta desahucios y entregas voluntarias, casi el 80% de las 49.694 viviendas cedidas por las familias el pasado año, exactamente 38.961 propiedades, eran el domicilio habitual, un 0,23% menos, y las 10.733 restantes eran otro tipo de viviendas, por ejemplo, segundas residencias, un 88,5% más.

De estas 10.733 viviendas que no eran el domicilio habitual, 7.119 cambiaron de mano por decisión judicial, un 60,4 % más, si bien 6.727 propiedades estaban vacías, un 65 % más que un año antes. En el caso sólo de primeras viviendas, la mayoría, unas 21.054, fueron entregadas al banco por decisión del juez, un 8,9 % más; mientras que en 17.907 casos las familias accedieron de forma voluntaria, un 6,6 % menos.

A pesar de lo dramático de las cifras, si se tiene en cuenta el número total de viviendas en España con hipotecas, que ascienden a 6,46 millones, los 49.694 inmuebles entregados apenas representan un 0,77 % del total. De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, que el Banco de España no detalla, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.

El Banco de España publicó por primera vez en mayo de 2013 datos relativos a procedimientos judiciales hipotecarios respecto a viviendas basándose en una encuesta a un conjunto representativo de entidades, si bien manifestó que iba a solicitar regularmente esta información a todas las entidades cada seis meses. A principios de 2014 afinó los datos del conjunto de 2012 y publicó los de la primera mitad de 2013, que ya no se trataban de una encuesta sino de datos de todas las entidades procedentes de un requerimiento mediante circular del supervisor.

 

Fuente: agencias

 

 

Asalto a la sanidad pública

Pedro Luis Angosto

Hasta bien adentrado el siglo XX, el cuidado de la salud de la mayoría de las personas estaba en manos del clero y de instituciones de beneficencia que almacenaban a los enfermos en naves insalubres en las que los galenos luchaban contra la muerte y la superstición sin más medios que su voluntad y la intuición clínica aprehendida de sus maestros y de la diosa experiencia. En esas condiciones, las más de las veces la batalla la ganaba la Parka, que contaba con aliados tan potentes como la ignorancia, la falta de condiciones higiénicas y la ausencia de medicinas efectivas. Una vez más fue la toma de conciencia de los trabajadores, su organización en sindicatos de clase y la amenaza que esto suponía para el viejo orden establecido lo que condicionó a los distintos gobiernos europeos para, partiendo de las sociedades de socorros mutuos, ir dando forma a un sistema de previsión de carácter general que atendiese a los trabajadores y sus familias impidiendo al mismo tiempo el trabajo a los niños, a los viejos y a las mujeres embarazadas. El 27 de febrero de 1908, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión de Reformas Sociales que presidía Gumersindo de Azcárate, el Gobierno Maura aprobó la constitución del Instituto Nacional de Previsión, germen de lo que muchos años después sería el Sistema Nacional de Seguridad Social, que a partir de la histórica Ley General Sanitaria de 1986 implantó en España el derecho universal de todos los ciudadanos a una asistencia médica de calidad que se prestaría en la red de hospitales públicos. A partir de ese año, todos los españoles, independientemente de sus ingresos, sus cotizaciones o cualquier otro atributo personal, quedaron protegidos por la Sanidad Pública Estatal produciéndose el mayor avance asistencial de nuestra historia, lo que se manifestó en el aumento sin precedentes de la esperanza y la calidad de vida de todos los ciudadanos y en el posicionamiento del Sistema Público Sanitario de nuestro país entre los tres primeros del mundo.

Es evidente que, sin ser uno de los tres países más ricos del planeta, gozar de uno de los tres sistemas de salud más eficaces del mundo es un mérito que se debe, sin ningún género de dudas a una política adecuada, al buen hacer de nuestros profesionales de la medicina, a su vocación y a la eficacia organizativa que, con todos sus defectos, lo ha caracterizado hasta hace bien poco: Según el informe de la OCDE de 2012 mientras en Estados Unidos para un sistema de salud privado que deja fuera a un tercio de la población el gasto por habitante es de 7960 dólares, en España, con un sistema universal, el gasto tan solo es de 3.067 dólares, lo que explica a las claras las enormes ventajas de nuestro sistema respecto al norteamericano, en el que todo se rige por la maximización de beneficios en detrimento de la salud general. Pero es que además, el acceso a la salud en ese país del norte de América se hace por la vía estrictamente privada, tanto vale su enfermedad, tanto paga si quiere ser tratado, o por seguros privados que tienen en cuenta sus hábitos alimenticios y sociales, su edad, su genética y otros factores que hacen que muchísimas personas tengan que hipotecar su casa para someterse a una simple operación quirúrgica de apéndice o, en caso de carecer de propiedades o de ingresos suficientes, acudir a los hospitales municipales de la Beneficencia donde se practica una medicina decimonónica.

Pues bien, pese a que todos los estudios nacionales e internacionales alaban y encomian el Sistema Nacional de Salud español, basado en la medicina pública, el actual Gobierno central y los autonómicos de Cataluña, Valencia y Madrid se han propuesto su desmantelamiento para dar entrada al negocio en las cosas de la salud individual y general. La Salud de todos los españoles, de no mediar respuesta adecuada y contundente de los afectados, pasará en breve a depender del nivel de ingresos que cada cual tenga, dejando la sanidad pública como elemento residual para quienes no tengan dónde caerse muertos. El plan comenzó a ejecutarse hace años en Cataluña, Valencia y Madrid, pero desde la llegada del Partido Popular al Gobierno Central forma parte esencial de la política sanitaria estatal y se manifiesta en dos planos. Por un lado, se externalizan, privatizan y arrendan servicios cada vez más amplios de la actividad hospitalaria, no porque sea más barata y eficaz, que en ningún caso lo es, todo lo contrario, sino porque da ganancias millonarias a los amigos beneficiados a costa de la salud de todos; por otra parte, y este es el procedimiento más dañino, mediante el despido de miles y miles de trabajadores sanitarios, el cierre de quirófanos, la obsolescencia tecnológica y la paralización de las inversiones en investigación, se está produciendo un colapso general en la mayoría de los centros hospitalarios del Estado, lo que se traduce en listas de espera tan disparatadas que muchas veces sobrepasan lo que el enfermo puede aguantar, obligándole a recurrir a centros privados como último recurso para intentar salvar la vida. No es eso una casualidad, ni el resultado del envejecimiento de la población, es, sencillamente, el resultado de una política sanitaria que pretende oxidar el Sistema Nacional de Salud para hacerlo odioso a quienes necesitan de él para poder seguir viviendo.

Sigue conservándose el Sistema Nacional de Trasplantes que tan eficazmente dirige el Dr. Matesanz porque no sería rentable su privatización, pero sobre todo porque es una forma de decir al exterior que aquí no existen los recortes sanitarios ya que continuamos teniendo el mejor sistema de trasplantes del mundo, un sistema que quieren copiar los países más desarrollados, pero no se hace por convicción sino para tapar el colapso en el que está entrando gracias a los brutales recortes perpetrados por el Gobierno Central y los autonómicos el sistema hospitalario público español, que es el que nos asiste a todos y el que ha conseguido las mayores cotas de salud y bienestar de nuestra historia. Por falta de medios humanos y materiales, los hospitales de todo el Estado español no pueden asistir al número de enfermos que ingresan diariamente, se dan plazos vitalmente imposibles para angioplastias, diálisis, quimioterapias, pruebas hemodinámicas, gastroscopias y todo tipo de pruebas e intervenciones quirúrgicas, no porque el sistema no sea capaz, que lo ha sido hasta hace muy poco, sino porque los gobiernos central y autonómicos han decidido su privatización por acoso y derribo. Ante esa situación de asalto a uno de los derechos sagrados conquistados por nuestra sociedad a lo largo de décadas y décadas, sólo cabe la insurrección cívica porque nuestro futuro y el de los que vienen detrás está en peligro y lo estará más cuando sean los negociantes y los mercaderes quienes decidan a quien se asiste y a quien no dependiendo del volumen de su cuenta corriente.

 

 

Responsables de Servicios Sociales alertan que la reforma local incrementará el gasto público y provocará desasistencia

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local incrementará el gasto público, dejará a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad aún más desasistidos y los medios rurales se verán absolutamente desasistidos.

En un comunicado, la citada asociación carga duramente contra la medida contemplada en el proyecto de ley según la cual las Comunidades Autónomas deberán asumir en un plazo de un año las competencias relativas a servicios sociales, hasta ahora asumidas por las corporaciones locales.

En este sentido, ha recordado que el sistema de servicios sociales en España en las tres últimas décadas ha tenido la proximidad "como pilar fundamental" y ha alertado de que la actual reforma plantea como pretensión para los servicios sociales "su extracción del ámbito competencial de las administraciones locales como si se tratase de un gasto molesto, innecesario o superfluo".

"Como si una red de sesenta mil profesionales con más de siete millones de atenciones sociales básicas prestadas en 2011 o seiscientos cincuenta mil ciudadanos que reciben más de quinientos millones de horas de cuidados en sus domicilios, se pudiesen transferir de lo local a lo autonómico en ese plazo y, además, con la pretensión (obligatoria) de que no se incremente el gasto para el conjunto de administraciones", ha argumentado.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha reclamado igualmente al Ejecutivo que "si no tiene alma" al menos que "coja la calculadora" y, en este sentido, ha recordado que los datos de contabilidad pública que ofrece el Ministerio de Hacienda a este respecto "evidencian las gravísimas consecuencias" de la reforma.

Entre otras cifras, ha señalado que en 2012, las entidades locales gastaron 8.331 millones de euros en educación, sanidad y servicios sociales --5.118 en servicios sociales, 2.410 en educación y 802 en sanidad-- y que de cada tres euros que se gastaron en servicios sociales en España el pasado año, uno fue gestionado por Administraciones Locales.

Si la reforma que plantea el Gobierno sale adelante, según alerta la asociación, siete millones de ciudadanos que ya viven en situación de fragilidad o vulnerabilidad "se verán aún más desasistidos" al suprimirse los servicios del ámbito local "con la pretensión de que sean asumidos por unas Comunidades Autónomas ahogadas por el techo de déficit".

Asimismo, ha alertado de que se incrementará el gasto público "ya que los servicios de proximidad se prestan de manera más eficaz y eficiente desde el ámbito local". "Si se continúa con el planteamiento de esta reforma, las más de 30.000 plazas de residencias de mayores en manos de las entidades locales (567 centros cuyo coste seguramente superará los 1.000 millones de euros) deberán ser cerradas por imposibilidad de asunción por parte de las Comunidades Autónomas", ejemplifica al respecto.

Sobre este asunto, además, ha censurado que la reforma planteada no contemple "toda la complejidad del sistema" en cuanto a organización, equipamientos y personal. Como ejemplo, ha recordado que hay más de 60.000 trabajadores y trabajadoras en los servicios sociales básicos (muchos de ellos como funcionarios) cuya transición hacia otra administración o hacia las listas del paro por la amortización de su puesto no puede hacerse en un año.

La Asociación también ha incidido en que los municipios "sufrirán las consecuencias de la crisis sin tener absolutamente ninguna herramienta en su mano para actuar de manera proactiva frente a la quiebra de la cohesión social y vecinal que se está produciendo ya por causa de la crisis". En la misma línea, la Asociación ha subrayado que los medios rurales "se verán absolutamente desasistidos en un retroceso de décadas".

 

 

El FMI cree que la longevidad es "un riesgo financiero" y sugiere bajar las pensiones

Cumplir años es para el Fondo Monetario Internacional (FMI) un "un riesgo financiero". Por eso, el organismo económico considera clave combinar el "aumento en la edad de jubilación y de las contribuciones a los planes" de pensiones con "recortes de las prestaciones futuras". El envejecimiento de la población, asegura, debe ser contrarrestado con tiempo para que no afecte a la estabilidad financiera, pública y privada.

Es lo que dice "El impacto financiero del riesgo de longevidad", capítulo del Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial que ha elaborado el Fondo. En el texto, el FMI considera "esencial" permitir que la edad de jubilación aumente a la par de la longevidad esperada, algo que podría ser impuesto por los gobiernos o realizarse mediante la oferta de incentivos a los particulares para que posterguen su jubilación.

La prolongación de la esperanza de vida, dice, "acarrea costos financieros, para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de seguridad social, para las empresas con planes de prestaciones jubilatorias definidas, para las compañías de seguros que venden rentas vitalicias y para los particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas". Retrasar la edad de jubilación prolonga el período de acumulación de recursos jubilatorios y acorta el período de uso de los mismos, insiste. Son, por tanto, las pensiones las que centran las miradas de la institución: "Si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones", advierte el informe.

El FMI avisa de que si el promedio de vida para 2050 aumentara tres años más de lo que se espera actualmente, "los costes del envejecimiento, que ya son enormes, podrían aumentar 50%". Por tanto, para el FMI una longevidad inesperada más allá de lo que recogen las previsiones constituye "un riesgo financiero" para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones definidas.

 

Agencias/Prensa

 

 

El Gobierno del P.P., planea congelar el salario mínimo en 2014

Estudia mantenerlo en 645,30 euros al mes

El Gobierno congelará en 2014 el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) y no descarta hacer lo mismo con el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque la decisión aún no está tomada, según precisaron fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

La evolución del salario mínimo se decide habitualmente a finales de año, tras consultar a las organizaciones sindicales y empresariales. Las fuentes consultadas insisten en que el tema está sobre la mesa de negociación y que aún no está cerrado.

Si se decidiera congelar el salario mínimo en 2014, éste se mantendrá en 21,51 euros al día o 645,30 euros al mes y en cómputo anual, en ningún caso por debajo de los 9.034,20 euros. Sería el segundo ejercicio, tras el de 2012, en que el salario mínimo se congelaría desde el estallido de la crisis.

El año pasado, el SMI experimentó un crecimiento del 0,6%, equivalente al incremento máximo de los salarios pactados en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2013-2014, firmado el 25 de enero de 2012 por sindicatos y empresarios.

Lo que ha decidido ya el Gobierno es que congelará para 2014 el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), índice que se utiliza como referencia para la concesión de becas, ayudas, subvenciones o el subsidio por desempleo, entre otros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así, el Iprem se mantiene para el próximo año en 532,51 euros mensuales (6.390,13 euros al año en doce pagas o 7.455,14 euros al año en catorce pagas). Con la congelación de 2014, el Iprem lleva ya cuatro años sin moverse.

 

Agencias/Prensa

 

 


Los presupuestos son la cámara de gas para los dependientes

 

 

 

El recorte de 1.029 millones de euros, para las ayudas a las personas acogidas a la Ley de Dependencia, en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014, presentados por el Gobierno del P.P. para esta partida., supone en la práctica el desmantelamiento de las ayudas.

En el estado español hay más de 200.000 dependientes esperando cobrar una prestación económica que, formalmente, ya les ha sido asignada. El número de personas con ayudas sigue disminuyendo y aun así, el Gobierno no aumenta la dotación presupuestaria a la ley que regula estas prestaciones. Ni siquiera después de dejar de pagar la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales

El Gobierno del PP sigue en su empeño de desmantelar una ley que arropa a las personas "más débiles y vulnerables de la sociedad". La parte que el Estado debe pagar por los dependientes en 2014 asciende a 1.087.179.320 euros, que es prácticamente lo mismo que en 2013.

Al Gobierno del P.P. se le olvida que el año pasado, cuando metió el hachazo al decreto de julio de 2012 y retiró la cotización de la seguridad social a los cuidadores familiares, una de las excusas que puso fue que los 1.034 millones de euros destinados a esta partida se podrían haber invertido en potenciar la ley. Lo que no entendemos es que si esos millones no se van a utilizar para pagar las cotizaciones, ¿por qué no los aplican ahora a los presupuestos y empiezan a desatascar los más 200.000 expedientes que hay valorados, con grados, y con prestaciones concedidas pero que aún no han recibido ninguna ayuda.

Teniendo en cuenta que esos 1.034 millones no han sido invertidos en otro tipo de prestación o servicio, ¿en cuánto se reduce entonces el presupuesto para la Dependencia?

El tijeretazo total alcanza los 1.029 millones de euros, lo que supone una bajada del 47%.

 

 

 

El copago en farmacia hospitalaria supondrá hasta 1.000 euros a pacientes con enfermedades raras

"A nadie con dos dedos de frente se le ocurre implantar una medida para "disuadir" a los enfermos crónicos de que tomen su medicación", denuncia, haciendo alusión a una de las "excusas" esgrimidas por Sanidad para justificar el nuevo copago.

"¿Por qué se ceban con nosotros? ¿De dónde les viene esa obsesión por debilitar al débil?". Estas son sólo algunas de las preguntas que desde la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) lanzan a la ministra de Sanidad, Ana Mato, y al Gobierno de Mariano Rajoy en general. Porque, aunque aún no se haya implantado de forma efectiva el copago en farmacia hospitalaria, los enfermos crónicos ya temen el impacto de la medida en su ya maltrecha economía familiar.

"Cuando hablamos de enfermos crónicos, hablamos de pacientes que necesitan esa medicación toda la vida, todos los días", recuerda el delegado de Feder en Madrid, Justo Herranz. "A nadie con dos dedos de frente se le ocurre implantar una medida para "disuadir" a los enfermos crónicos de que tomen su medicación", denuncia, haciendo alusión a una de las "excusas" esgrimidas por Sanidad para justificar el nuevo copago.

Las otras dos, "el control de los medicamentos" y el "ahorro" tampoco convencen a Herranz. "Si el Gobierno necesita controlar unos medicamentos que se dispensan exclusivamente en los hospitales sólo a quien lleva una receta con nombres y apellidos, ¿qué tenemos que pensar al respecto?", se pregunta. Y, respecto al afán recaudatorio del departamento de Mato, desde Feder denuncian que "con lo que se van a gastar en actualizar los sistemas técnicos para que se pueda implantar -dato que Sanidad oculta-, al final no les quedará nada de nada". "Esto sólo es un castigo más a los más desfavorecidos", añade Herranz, "un insulto hacia nosotros".

De hecho, Feder, igual que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ya preparan un recurso para solicitar la nulidad de la Resolución del 10 de septiembre del Ministerio de Sanidad (ver pdf) que obliga a los pacientes no ingresados en el centro a pagar el 10% del precio de la medicación que recojan en la farmacia del hospital, con un tope de 4,20 euros por medicamento. "En Sanidad podrán decir que es el precio de dos cafés, pero, si lo sumamos a los demás copagos, el impacto en las familias afectadas sí se va a notar", lamenta Herranz, que calcula en "entre 500 y 1.000 euros" el incremento del gasto anual en cuanto la medida eche a andar de forma efectiva.

 

 


El Gobierno asesta el hachazo final a la ley de dependencia

Anuncia a la UE un recorte de 1.108 millones, más de lo que preveía gastar este año. También prevé aumentar un 50% el copago que asumen los usuarios de la prestación

 

En festivo, manifiestamente de tapadillo, el Gobierno de Mariano Rajoy asestó ayer el hachazo final a la ley de la dependencia. Porque así es como juzgan los expertos la decisión del Ejecutivo del PP de comprometer ante la Unión Europea un recorte en el 2013 en dependencia de 1.108 millones de euros, una cantidad superior a la que la Administración central tiene presupuestada este año (1.087 millones). El coste total anual de la aplicación de la ley en España asciende a unos 6.000 millones de euros, que pagan en su mayoría las comunidades autónomas. Un 10% proviene del copago, es decir, lo asumen los beneficiarios.

El Gobierno colgó ayer en su web el Plan Nacional de Reformas 2013, enviado el martes a la UE, en el que se anuncia, sin que se haya informado de ello por otro canal, el recorte de 1.108 millones, que se desglosa en dos apartados. A base de reformas restrictivas se recortan, según la argumentación oficial, 958 millones, y otros 150, por la vía de la «simplificación en el proceso de valoraciones», lo que traducido significa revisar grados para rebajar los pagos. Por esa misma vía dice esperar el Gobierno otro recorte en el 2014 por valor de 168 millones más.

MÁS COPAGO / Pero no son las únicas noticias inquietantes para los beneficiarios de la ley de la dependencia, porque otro anuncio del Gobierno es que prevé un aumento del copago de un 5%, con el fin, contabiliza, de reunir 339 millones de euros este año. Pero para reunir esta cantidad, los que aportan copago no tendrían que pagar un 5% más, sino que deberían pasar de pagar el 10% al 15%, es decir, que el aumento del copago sería del 50%. De cumplirse todo esto, las comunidades autonómas se verán más asfixiadas de lo que ya están por esta cuestión: en teoría, el Estado debería aportar el 50% del gasto público de la dependencia, pero en el 2012 solo puso el 21%. El porcentaje y gran parte de la interpretación de lo sucedido los aporta uno de los mayores expertos en dependencia, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que ve «alucinante» que la decisión se difunda en un día festivo. En el caso de Madrid, en el inicio de un puente que deja en segundo plano la política hasta el lunes. Tiempo ganado a la protesta.

Ramírez es contundente sobre lo sucedido: «Es una demolición controlada de la ley de la dependencia. El Estado se ha ido retirando de la ella». Ramírez, también presidente del Observatorio de la Dependencia, repasa las decisiones del Gobierno sobre esta cuestión en los últimos meses, que han limitado su alcance, y considera que no es nada casual, sino un modo de perseguir un cambio de modelo hacia «una sociedad dual», en la que quien pueda pagarlos se asegure los servicios y quien no, quede a expensas de las posibilidades de un sistema público limitado. En su opinión, ha pesado la presión del lobi de las aseguradoras.

Pero Ramírez expone otros reproches al recorte anunciado a la UE: sostiene que las cifras están mal calculadas, y que hay partidas que no casan, amén de explicaciones más o menos confusas. Es el caso del citado 5% de incremento del copago: «O mienten diciendo que el copago sube un 5% o mienten diciendo que esa subida reportará 339 millones de euros», que sería algo más de la mitad de lo que el copago supone ahora, los ya citados 600 millones anuales aproximados.

LA VERSIÓN DEL MINISTERIO / Ramírez advierte de que las medidas del documento enviado a Bruselas contienen errores de bulto, con lo que duda de las intenciones finales del Gobierno, de si se equivoca o pretende maquillar la realidad. Ayer, un portavoz del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales aseguró que no había novedad, que el Gobierno tan solo ha cuantificado las reformas efectuadas en el consejo territorial de la dependencia de julio pasado. Pero Ramírez lo niega, y subraya que no hay claridad de cifras y que como poco el aumento del copago era algo desconocido.

El director general del Imserso, César Antón, abundó en el argumento del ministerio en declaraciones a Efe, en las que se limitó a explicar que la cifra a recortar se corresponde con las medidas de julio, y que estas ya supusieron una reducción del gasto en dependencia de 500 millones en el 2012. Sin embargo, las declaraciones de Antón a la agencia no abordaron la constatación principal que los españoles pudieron conocer ayer al ver en la web del Gobierno el Plan de Reformas 2013: la de que el recorte supera al presupuesto existente. La Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la ley de dependencia arremetió contra el anuncio gubernamental y denunció que se pretende apartar a un lado a los más necesitados.

 

Agencias/Prensa

 

 

 

La LOMCE, o la esencia del capitalismo hecha Ley

Eloy Cuadra

 LOMCE, son las siglas de la Ley por la Mejora de la Calidad Educativa que prepara el Gobierno de Rajoy en base a lo que ellos entienden que debe ser la Educación de un país. En estos meses son muchas las voces que se han levantado contra esta normativa con muchos argumentos y escenificaciones, aunque de momento no hay muchos indicios de que se pueda parar. En todo lo que se ha dicho, es probable que se haya dicho ya, pero esta ley lo que en verdad encierra y nos trae es la pura esencia del capitalismo, aplicada a los niños desde muy pequeños. ¿Cómo es posible que permitamos esto precisamente ahora, cuando medio mundo comprueba en sus carnes las nefastas consecuencias de dejar al capitalismo desatado en su esencia? Debe ser que esto es España, y ya saben aquello de Spain is different.



 I.-La competencia como dogma


 Así es la LOMCE, donde se trata de adiestrar a los niños en ese valor para ellos  sagrado de la competencia y el premio a los más fuertes, y al tiempo borran de un plumazo cualquier intento de educar en valores universales tales como la justicia, la solidaridad, la igualdad o el postular unos derechos humanos para todos en todo tiempo y lugar, quedando estos valores relegados a los valores particulares que los padres quieran darles a sus hijos según su propia visión del mundo, siendo todo lo demás, para los del PP, adoctrinamiento, y por tanto prohibido, todo menos la religión claro, la suya, para eso no hay problema. Por eso, nada de asignaturas humanistas, quedan relegadas, y nada de premiar el trabajo continuado y la perseverancia que se ven en los alumnos con aquello que se llamaba evaluación continua, ahora lo que se lleva es competir unos alumnos contra otros con reválidas y exámenes finales a cada poco –tres nada menos hasta los 16 años-, al objeto de comprobar quienes son los mejores, sólo unos pocos claro, por aquello de la búsqueda de la excelencia tan propia de nuestro sistema. Y por supuesto, en todas estas reválidas nada de igualdad de oportunidades, pasando a jugar un papel importante la capacidad adquisitiva de cada familia para pagar academias y colegios concertados nada gratuitos, colegios donde es fácil, pensando en el prestigio de cada centro del que luego dependerán las subvenciones, que los directores den órdenes de pasar un poco la mano y subir la notas, cosa que no ocurrirá en los colegios públicos donde el profesor debe ser sobre todo justo con el alumno. Así, ya desde pequeños esas mismas reválidas continuadas –nada equitativas- irán haciendo ver a los niños menos sobresalientes –a menudo también los de las familias más humildes- la no conveniencia de que sigan estudiando, comenzando ya desde pequeños con la selección por clases, por clases sociales, por clases pudientes y menos pudientes.



 II.- Alumnos, sólo “mercancía” para las empresas


 Hablamos de esa forma de pensar instrumental, calculadora y fría que toma a todas las personas por cosas, usándolas cuando son necesarias y desechándolas cuando ya no sirven. Esta razón esencial a nuestro capitalismo hiperespeculativo queda también asegurada con esta nueva Ley por varias vías, la primera ya la hemos visto al hablar de la competencia, con ella los niños se hacen individualistas y competitivos, pasando a tomar a sus compañeros por competidores en una carrera y al fin y a la postre por obstáculos a su realización personal. Y por si con la competencia sólo no basta, ya se encarga también la nueva Ley de asegurar la cuestión al reducir a la mínima expresión las asignaturas con contenidos de carácter ético-humanista, como son la filosofía, la ética, las artes o la historia, en favor de un adiestramiento curricular puramente técnico cada vez más especializado y adaptado siempre a las necesidades del mercado de trabajo. Con estos cambios desaparece cualquier atisbo de educación en un pensamiento crítico-reflexivo, y se aseguran con ello que los alumnos no se cuestionen en su formación sobre lo adecuado o inadecuado de lo que hacen y lo que se mueve a su alrededor. Así, la Educación deja de formar a personas integrales y pasa a formar mano de obra para el mercado, para las empresas, con itinerarios especializados mucho más tempranos (en 3º de la ESO), para la FP si es mano de obra barata o para la Universidad si se trata de personal algo más cualificado, procurando eso sí que los jóvenes de las familias más humildes estén donde le toca estar, esto es, nunca en la Universidad, dado que esta se hará cada vez más prohibitiva a los bolsillos menos pudientes con menos o ningún dinero para becas y una continua premisa de superación y excelencia a la que muchos nunca podrían llegar.



III.- Se acabó el pluralismo y la participación.



 Otro rasgo esencial del capitalismo de las últimas décadas es la paulatina desaparición de cualquier vestigio de pluralismo o participación ciudadana en las cosas que importan. Las leyes electorales, el control político de los medios de comunicación y otros mecanismos similares ya se encargan de ello bastante bien, la próxima LOMCE no podía ir a la zaga. En la figura del director de cada centro, un cargo muy importante que ya no será elegido por la comunidad educativa, lo elegirá la Administración de turno, pudiendo así ser éste un gestor o un empresario en lugar de un docente como hasta ahora. Más de lo mismo con el Consejo Escolar, que en adelante tendrá una función meramente consultiva, sin peso en las decisiones que se tomen en el colegio que pasará a ser básicamente del director.



Con la misma intención, la nueva Ley elimina de entre los representantes del Consejo Escolar en la concertada al concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro, algo que la Ley aún vigente establecía, en una muestra más de liberalismo a ultranza que impera en el texto, donde el control público sobra de cualquier manera.



La estocada final al pluralismo se da la Ley en la Universidad, donde únicamente van a quedar ya pronto las carreras que sean demandadas por el mercado de trabajo, luego, olvidémonos de humanidades, de artes y de otras tantas si no hay demanda.



 IV.- Supremacía del sector privado.


 Otra cuestión básica del capitalismo desbocado en el que vivimos, arrasar con todo lo que huela a intervencionismo y servicio público para vendérselo a las empresas. Este asunto también queda asegurado con esta nueva Ley desde el instante en el que se crea una agencia nacional de evaluación para fiscalizar los resultados de los centros educativos con diversos rankings en base al “nivel”, y utilizan  para ello indicadores comunes que no tendrán en cuenta detalles importantes, como lo son que un centro está situado a las afueras, o en el campo, o en zonas deprimidas, o que tengan muchos alumnos de clase alta, media o baja, extranjeros o con discapacidad. De este ranking tan poco objetivo dependerá la financiación futura del centro y su cuantía. En esta carrera por la excelencia, y por las subvenciones públicas, no hace falta pensar mucho para saber que la escuela pública ofrecerá los peores resultados, como de hecho viene sucediendo ya desde hace mucho tiempo, al disponer de menos recursos que la escuela concertada doblemente financiada por la Administración y por los padres, y recibir mayoritariamente a alumnos de clases menos pudientes, cuando no extranjeros o niños con especiales dificultades a los que no suelen aceptar en la escuela concertada. No hablamos ya de otros detalles, cómo esa facilidad para inflar las notas de los alumnos de la concertada que no acostumbran en la pública.



 Con la misma intención pero de manera más sutil, la nueva Ley cambia algunas palabras en su articulado para que todo bascule hacia la escuela privada-concertada. Así, la Ley aún vigente, la LOE, en su artículo 109 habla de garantizar “plazas públicas suficientes” siempre, en cambio en la LOMCE se suprime del artículo la palabra “públicas” y pasa a decir que se garantizarán “plazas suficientes”, para completar el asunto añadiendo que la oferta de colegios y su clase (públicos o privados), dependerá en adelante de los colegios ya existentes y de la “demanda social”.

 


¿Qué implica cambiar estas dos o tres palabras? Es fácil, al no obligar ya la Ley a la Administración a garantizar plazas públicas suficientes dejándolo en “plazas suficientes” sin especificar, y completarlo diciendo que se crearán nuevas plazas en función de la “demanda social”, la resultante es clara: las familias, con esa mentalidad egoísta que nos han metido tan adentro, buscarán siempre lo mejor para la educación de sus hijos sin importar las consecuencias, algo que pasará ineludiblemente por rascarse el bolsillo y buscar colegios concertados o privados. Así, en zonas donde haya población con un poder adquisitivo medio o alto, las familias demandarán colegios concertados o privados y eso será lo que Administración proveerá, en cambio, en las zonas donde vivan familias con bajo poder adquisitivo, lógicamente, la demanda será de colegios públicos, y eso será lo que la Administración proveerá. Y así, poco a poco iremos dibujando el mapa educativo de la nueva España que quieren los señores del PP, con una escuela pública de beneficencia con cada vez menos recursos en los barrios pobres, en las zonas rurales, en los guetos y los suburbios de las ciudades donde se asegure que los humildes siguen siendo por siempre humildes, y una escuela privada-concertada a demanda cada vez más selectiva y segregadora donde mandará la empresa, el beneficio y el director de turno y pagarán sobre todo los padres, los que puedan claro, porque de gratuita no tendrá nada.



 Y así llegamos al final de nuestro análisis, esperando que lo vean ya más o menos claro. Caminamos hacia el mundo del ¡sálvese quien pueda!, quien tenga dinero para pagar, divididos en esclavos y señores, algo que en España quieren asegurar con la LOMCE desde la primera escuela, para que no haya dudas ni anomalías en el plan de dominación que los señores han trazado.

 


 En este punto, usted, lector, creo que puede hacer varias cosas: i) si tiene mucho o suficiente dinero igual prefiere callarse viendo su futuro lugar entre los señores, aunque, ojo, en esta selva en la que se está convirtiendo nuestro mundo nada le garantiza que no le cambie la suerte y pase a ser de repente esclavo; ii) si no tiene demasiado dinero pero tiene miedo o esta resignado a su suerte, guarde silencio y no haga nada, o mejor acérquese a que le vayan probando ya las cadenas de esclavo; iii) y por último, si no tiene demasiado dinero o aún teniéndolo sí que tiene conciencia de las injusticias y no quiere ser parte de ese mundo de señores y esclavos al que vamos, aún puede rebelarse contra esta norma a la que llaman la LOMCE y contra los que la defienden, ahora que aún nos dejan.



 Lo dicho, de usted depende, luego no diga que no le avisamos.

 

Las ridículas medidas contra las listas de espera

Carlos García. Médico. Intersindical Canaria

Siguen sin entender nada. Nuestros políticos gobernantes y sus asesores en materia sanitaria, que los tienen, no se enteran de cómo estamos en referencia a la sanidad pública que prestamos a nuestros conciudadanos.

 

Y no se enteran porque no consultan ni se asesoran con los sanitarios que se dedican a tal menester, ni con los colegios profesionales, sociedades científicas o con los profesionales que día a día trabajamos en los centros sanitarios;  porque su gestión es solo política, y así la deben vender en los foros que dominan, ya sean en el parlamento, en sus sesiones, sus debates, sus investiduras, sus estados de la nacionalidad y toda esa parafernalia que tienen a su alrededor y  donde se aíslan de la cruda realidad social. Porque es otra la situación real de la sanidad que sufren los canarios.

Como medida novedosa para reducir las listas de espera prometen la contratación de 140 profesionales médicos para abrir los quirófanos por las tardes. Primero los cerraron hace año y medio prometiendo que tal medida no afectaría a las listas de espera, que se suplirían con la mayor productividad por las mañanas cuando los quirófanos están productivos en más del 75% de se ocupación, lo que se considera elevadamente productivos. Y tras aumentar muchísimo las listas de espera en este tiempo, ahora, como medida extraordinaria, los vuelven a abrir con nuevas contrataciones para trabajar por las tardes en otro “novedoso” plan de choque: el enésimo.
Estas nuevas contrataciones vendrán a cubrir, o eso supongo, a los casi 150 médicos que jubilarán forzosamente dentro tan solo de unos días. Jubilaciones que aplican a facultativos que tienen legalmente concedidos hasta los 70 años de edad sus tareas asistenciales, unos por el propio Servicio Canario de Salud y otros por sentencias judiciales. Y estos médicos, con más de 40 años de profesión, con cargos de jefaturas de servicio muchos  de ellos, con gran experiencia, serán suplidos, en sus jornadas laborales de mañana de 37,5 horas semanales, por otros nuevos que tendrán turnos de tarde.


Por tanto, la maniobra es vestir a un santo desvistiendo a otro, ya que se resentirá la asistencia de jornadas de mañanas que es cuando funciona básicamente un hospital a su mayor rendimiento, que no cubrirán esas plazas en esos horarios por lo que, por lógica, disminuirá la atención y servicio sanitario a los pacientes que se encontrarán con menos facultativos para desarrollar su cometido.


Todo ello sin olvidar que económicamente será poco rentable tal cambio por las indemnizaciones que tendrán que hacer ante las reclamaciones jurídicas que les interpondrán al Gobierno de Canarias  de todos estos trabajadores que ven lesionados sus derechos laborales, reconocidos y consolidados, que el propio gobierno conoce, ya que fue advertido por un estudio jurídico que sus asesores del Consejo Consultivo les hicieron conocer como contrario a derecho. Pero, en su línea habitual, no hacen mucho caso ni de sus propios asesores.   
Esta propuesta de mejora de las listas de espera se trata, una vez más, de una concesión cara a la galería ya que no parece ser ningún tipo de solución a las mismas. En caso de nuevas contrataciones serán de médicos con menor experiencia clínica si las comparamos con los que jubilan. Además, ¿donde están los cirujanos, urólogos, traumatólogos, pediatras, analistas y otros más? Que se sepa no existen en el mercado laboral de Canarias médicos especializados para cubrir las 140 plazas, a menos que vengan de la península y cubran estas jubilaciones forzosas, lo que parece contraponerse a la estrategia del gobierno de incidencia en el número de trabajadores foráneos que llegan a las islas.


Si sumamos las futuras indemnizaciones a los médicos que jubilan con los nuevos sueldos a los que contraten y el resto de personal que desean poner a trabajar de tarde, las cuentas no salen. Será más caro que dejar trabajando a los que están, ya que finalmente los tienen que indemnizar, sacándoles la mayor rentabilidad posible y tampoco creo que alivien los elevados tiempos de espera en intervenciones y consultas diagnósticas.
Nuevamente una medida absurda y ridícula a aplicar en la sanidad pública tan maltratada por los responsables que nos gobiernan.

300 intelectuales, sindicalistas, indignadas y activistas sociales firman un Manifiesto Antifascista Europeo

Pepe Mejía

Jorge Riechmann, escritor, profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Miguel Urbán, militante antifascista y miembro de Izquierda Anticapitalista, y Marcos Ana, poeta, luchador por la democracia y contra el fascismo, presentaron el Manifiesto.

Alrededor de 300 intelectuales, sindicalistas, indignadas y activistas sociales han impulsado, con su firma, un Manifiesto Antifascista Europeo para "proponer una visión diferente de la sociedad, diametralmente opuesta a la propuesta por la extrema derecha: es decir, una sociedad fundada en la solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, el rechazo al machismo, el rechazo a la opresión de las mujeres y el respeto del derecho a la diferencia, el internacionalismo y la protección escrupulosa de la naturaleza, la defensa de los valores humanistas y democráticos”.

En rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tres miembros de la Comisión promotora en el Estado español Jorge Riechmann, escritor, profesor de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Miguel Urbán, militante antifascista y miembro de Izquierda Anticapitalista y Marcos Ana, poeta, luchador por la democracia y contra el fascismo, presentaron el Manifiesto ante los medios.

El Manifiesto cuenta con el apoyo del comité ejecutivo de Syriza (Grecia), como una de las respuestas ante el ascenso de Alba Dorada (o Amanecer Dorado), un partido abiertamente nazi, que va logrando una implantación en la sociedad impensable hace sólo pocos años. Fenómeno que se erige como una falsa respuesta en tiempos de crisis; y que evidencia el terrible deterioro que está sufriendo la vida política y la sustancia moral de la Unión Europea a causa de las desacertadas políticas de las elites dominantes.

Según los promotores del Manifiesto, no se trata de un problema solo griego, sino europeo. "Y si no recibe una respuesta contundente en cada país, y también a escala continental, más allá de los pequeños núcleos de antifascismo ya organizado, la deriva política que están experimentando nuestros países a en general se tornará extremadamente sombría. No hablamos de viejos fantasmas que sobrevuelan un pasado superado: hablamos de nuevas realidades que están moldeando el futuro de los pueblos de Europa" destacó el profesor Riechmann.

Esta iniciativa surge con la voluntad de contribuir a crear un movimiento antifascista europeo, sumando a lo que ya existe, y extendiendo así un combate antifascista que tal como señala el Manifiesto debe proponer una visión diferente de la sociedad, diametralmente opuesta a la propuesta por la extrema derecha: es decir, una sociedad fundada en la solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, el rechazo al machismo, el rechazo a la opresión de las mujeres y el respeto del derecho a la diferencia, el internacionalismo y la protección escrupulosa de la naturaleza, la defensa de los valores humanistas y democráticos”.

En el Estado español, según informó Miguel Urbán, el Manifiesto cuenta ya con más de trescientas firmas de apoyo, correspondientes a activistas sociales, sindicalistas, partidos políticos, indignados e indignadas entre un largo etcétera, entre las que se encuentran la de Federico Mayor Zaragoza, José Luis Sampedro, José Antonio Martín Pallín, Belén Gopegui, Jaime Pastor, Santiago Alba Rico, Alberto Garzón, Lidia Falcón, José Luis Centella, Matías Escalera, Laura Giordani, Antonio Crespo Massieu, Iris M. Zavala, Luis González Reyes, Carmen Lamarca, Gaspar Llamazares, Laura Mintegi, Agustín Moreno, Mónica Oltra

El poeta Marcos Ana, uno de los represaliados por el franquismo, informó sobre el acto de presentación en Madrid, el viernes 1 de marzo en el Círculo de Bellas Artes (a las 20 horas). Se contará con la presencia de Dimitris Tsoukalas, diputado por Siryza en el Parlamento de Grecia; Isaac Rosa, escritor y miembro del colectivo editorial Qué hacemos (Akal); Yayo Herrero, antropóloga profesora de la UNED, activista de Ecologistas en Acción; Justa Montero, especialista en género, miembro de la Asamblea Feminista; Marcos Ana; Jorge Riechmann; y unas palabras de apoyo de Federico Mayor Zaragoza en formato de vídeo.

Como acciones más inmediatas los promotores animan a la difusión y firma del manifiesto que está disponible en http://www.antifascismeuropa.org/manifiesto/es; y a "organizarse para participar en un movimiento que sea capaz de enfrentarse y vencer a la peste parda que está levantando la cabeza de nuevo en nuestro continente".

Tal como reza las últimas frases del manifiesto: ¡Esta vez la historia no debe repetirse! ¡NO PASARÁN!

 

Vídeos movilizaciones del 23-F, Canarias


Denuncias ciudadanas en asuntos sanitarios

Carlos García. Médico. Intersindical Canaria

ImageNo se como decirlo mejor ni mas claro. Llevo años denunciando públicamente la penosa e intolerable situación que sufren los ciudadanos en materia sanitaria, por ineficacia, inoperancia, calidad y maltrato al recibir, o eso al menos es lo que se intenta, unos servicios, que son derechos constitucionales y que no son facilitados por una serie de factores que lo hacen imposible. Estos pueden ser de financiación, estatal y autonómica, de gestión - creo que lo más importante y que falla -, de organización de los centros en referencia a las políticas aplicadas por los gerentes y directores, de precariedad de profesionales, de camas hospitalarias, de falta de recursos en infraestructura, de la burocratización extrema, de la politización existente y de la poca profesionalización en los cargos directivos que controlan la sanidad pública.

 

Esto anterior trae como consecuencia la horrorosa cifra de pacientes, de decenas de miles de enfermos, que esperan para ser atendidos de sus dolencias, de sus males y de sus patologías, a la búsqueda de uno de los más preciados bienes que tiene el ser humano y que es el derecho a la salud, al estar sano. Nada importa si esto falla, ni la riqueza, ni el trabajo, ni nada de nada. Salud en primer lugar.

Nuestros políticos gobernantes, tanto nacionales como autonómicos, y los cargos directivos puestos a dedo  por ellos mismos `para seguir controlando la situación, muchos de los cuales adolecen de un nivel adecuado para llevar a cuestas este importante trabajo, son los responsables de que Canarias siga a la cola, y suma y sigue, en la precariedad asistencial sanitaria que ofrecen a sus usuarios.
Prometen, engañan y manipulan datos que ellos mismos luego no tienen más remedio que aceptar en cuanto al aumento de los pacientes en listas de espera, que ellos mismos generan con sus métodos de gestión, y que cada vez más sigue en aumento, para terminar diciendo, con toda la desvergüenza e insolencia del mundo, que “sería un milagro poder resolver las listas de espera”. ¡Alucinante ¡ Si no saben hacerlo, que dimitan.

En anteriores escritos siempre he recomendado a la ciudadanía  denunciar directamente en los Juzgados esta tropelía ante la vulneración de un derecho constituido a nivel nacional e internacional. Con agrado compruebo que desde la propia Organización Médica Colegial, a través de sus Colegios Profesionales, se invita a los pacientes a denunciar si la espera a recibir un servicio médico asistencial supera lo contemplado en las normas y leyes que están establecidas por los organismos gubernamentales. Porque debe saber el ciudadano que existen órdenes publicadas en nuestros Boletines Oficiales que garantizan plazos para atender las demandas de determinadas patologías. Y como se da la triste situación de que esos plazos son vulnerados sistemáticamente por la sanidad pública, hay que denunciar este incumplimiento de la ley y solicitar, primero la atención asistencial pero, también, indemnizaciones.

Estoy convencido de que cuando los habitantes de Canarias y del resto del Estado, utilicen este cauce de demandas por incumplimientos de atención sanitaria, caerán sobre los responsables muchas penas , al igual que ocurre con los habitantes de otros lugares, como los americanos, que para todo denuncian, demandan y piden indemnizaciones. Es un campo abierto para profesionales del Derecho que pueden tener aquí una posibilidad de lograr de las Administraciones Públicas, unas compensaciones a los ciudadanos por la falta de respuesta ante un derecho adquirido logrado en base al pago de nuestros impuestos.

Así que, cuando se superen los plazos establecidos en dar respuesta a un requerimiento médico, ante una necesidad asistencial, denunciar ante los Juzgados sin ningún pudor ni miedo, porque ya está bien se seguir aguantando lo que estos inútiles políticos han dispuesto para gestionar lo que es patrimonio de todos. Lo público.

Hasta las narices de las listas de espera

Arturo Borges.- Médico, portavoz del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública.

ImageCada seis meses, en un ejercicio de sado-masoquismo, nos fustigan y nos fustigamos con el análisis de las nuevas cifras de las listas de espera, de sanidad, por supuesto. De nuevo a vueltas con el indisimulable y escandaloso aumento, con las triquiñuelas de maquillaje diversas, en un diálogo de sordos o mejor dicho entre incompetentes e impotentes que sería el diagnóstico acertado de la patología que aqueja a las partes en presencia.

Lo malo de esta repetición sin fin, es que además de aburrirnos en todos los sentidos damos sostén a un círculo vicioso de difusión del deterioro manifiesto de la sanidad pública así como de que la impotencia lleve a sectores que aún se lo pueden permitir, o si no pueden se está convirtiendo en una nueva vía para el endeudamiento y empobrecimiento futuro de familias y personas, a acercarse a la sanidad privada y dejar de tener la actitud de exigencia a los poderes públicos de responder a las necesidades de la población.

Y es que la alternativa, la forma de romper dicho círculo vicioso, es la lucha por la defensa y mejora de la sanidad pública, por evitar que se la desmantele por completo y por mejorarla día a día. La alternativa no puede ser la sanidad privada, la privatización, hay múltiples razones para afirmarlo y hay muchas medidas para evitarlo y para sacar adelante una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.

En EEUU, paraíso de la sanidad privada, los gastos personales y familiares en asistencia sanitaria ante enfermedades graves son la primera causa de empobrecimiento, dado que les lleva a vender las propiedades que puedan tener y a endeudarse hasta la ruina. Por otro lado, hay que señalar que en la sanidad privada se clasifica a los pacientes en rentables y no rentables y a estos últimos se les relega, no se les presta la debida atención de calidad ya que son más costosos y no les sale a cuento para la inversión ajustada a su criterio de máximo beneficio, dejándolos para la sanidad pública que si es de beneficencia, como están intentando los distintos gobiernos neoliberales, será de pésima calidad lo que equivaldrá al abandono y aumento galopante de la mortalidad de estos pacientes.

También debemos considerar que en la sanidad privada, como se ha demostrado en la tesis doctoral de la médica catalana Elizabeth Janet, las "intervenciones de dudosa indicación" son el triple o el cuádruple que en la sanidad pública. Estamos hablando de diversos tipos de ellas, desde las famosas cesáreas hasta las intervenciones para la detección y tratamiento precoz del cáncer. En la referida tesis, al profundizar en esa notable diferencia en el número de intervenciones, hasta el punto de estudiar los tejidos extraídos en ellas, se obtuvo el increíble e indignante resultado de que se trataba de tejidos sanos y se llegó a la conclusión en dicha actividad investigadora de que el exceso de intervencionismo es puramente lucrativo, comportando los consiguientes riesgos de secuelas y de complicaciones, incluso para la sobrevivencia de los pacientes.

Creo que lo apuntado supone un conjunto de razones contundentes para luchar sin desmayo contra la privatización de la atención sanitaria pública, y la mejor forma de hacerlo debe comprender la propuesta de alternativas para su mantenimiento y mejora. Estas necesariamente deben pasar por mejorar la financiación, pero no quedarnos en pedir dinero a Madrid, porque, entre otras cosas, antes hay que garantizar que ese dinero es finalista, es decir pura y exclusivamente para sanidad y no, como siempre ha sido, de libre distribución por parte del Gobierno de Canarias que lo ha destinado a los clubes de fútbol, al tranvía, etc.
 
Por otro lado, las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos que han de ser la vía de mayor incremento de recursos a la sanidad y que eviten recargar el déficit fiscal, debido a los que no pagan los impuestos que debieran, en el usuario. Impuestos generales, basados en impuestos directos progresivos, frente al fraude fiscal y la Reserva de Inversiones de Canarias e impuestos finalistas para sanidad. Que pague más  quien más tenga.
 
También es necesario mejorar la gestión, racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se  puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, del gasto innecesario en tecnologías, de las consultas hospitalarias prescindibles potenciando las consultas en atención primaria, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria, de la reducción de la hospitalización innecesaria, como la de pacientes crónicos en hospitales de agudos, incrementando los centros de crónicos.....y muchas medidas más a corto plazo y otras a medio y largo plazo que permitan avanzar hacia un cambio del modelo de atención a la salud y a la enfermedad, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas sería mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.
 
Decididamente, prefiero hablar de alternativas que de unas listas de espera fruto de la más absoluta incompetencia o ¿quizás habría que decir de la más absoluta competencia neoliberal para desacreditar a la sanidad pública y dar pie a las ofertas de la sanidad privada para hacerse cargo de las mismas, de los pacientes que sean rentables, claro?.

Miles de personas se suman a la manifestación de la 'Marea ciudadana' en Las Palmas de Gran Canaria

sábado, 23 de febrero de 2013

ImageMás de diez mil personas se han sumado este sábado a la manifestación de la 'Marea ciudadana' convocada por la Asamblea Popular de Gran Canaria en las calles de la capital de la isla.

La protesta comenzó sobre las 12.00 horas bajo el lema 'Contra la dictadura del capital. Democracia directa y popular' en la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria y se dirigió hacia la conocida Plaza de Las Ranas.
Durante la manifestación estuvieron representados diferentes sectores, entre ellos, sanidad, justicia o educación, además de contar con la asistencia de representantes políticos y agrupaciones como Stop Desahucios.

La organización del acto de protesta explicó en un comunicado que "la presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas".

La Asamblea Popular agregó que el creciente desempleo, el ataque a la sanidad y la educación públicas, a los derechos laborales y sociales, y al medio ambiente, "ha hecho confluir en las calles las diferentes mareas ciudadanas; blanca, verde, roja, naranja, roja, amarilla, negra, azul y violeta en defensa de los derechos de los ciudadanos".

"En Canarias padecemos el mayor índice de pobreza, los sueldos más bajos con mayor número de horas de trabajo de todo el territorio español. Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las élites financieras", añadió la Asamblea.

Los ingresos de los cien más ricos del mundo acabarían cuatro veces con la pobreza

El 1% de las personas más pudientes del planeta han incrementado sus ganancias en un 60% en los últimos 20 años y la crisis financiera no ha hecho más que acelerar esta tendencia.

Los 240.000 millones de dólares de ingresos netos que solo en 2012 han acumulado las 100 personas más ricas del mundo podrían acabar cuatro veces con la pobreza extrema. Además, el 1% de las personas más pudientes del planeta han incrementado sus ganancias en un 60% en los últimos 20 años y la crisis financiera no ha hecho más que acelerar esta tendencia, en lugar de ralentizarla. Estas son dos de los datos que arroja el informe The cost of inequality: how wealth and income extremes hurt us all (El coste de la inequidad: cómo la riqueza y los ingresos extremos nos dañan a todos), realizado por Intermon Oxfan días antes de que comenzara el Foro Económico de Davos.

El estudio advierte de que la riqueza y los ingresos extremos no solo no son éticos, sino que además son económicamente ineficientes, políticamente corrosivos, dividen a la sociedad y son medioambientalmente destructivos. José María Vera, director general de Intermón Oxfam, afirma que "no podemos seguir fingiendo que la generación de riqueza por unos pocos beneficiará al resto - y muchas veces la realidad es la contraria. "La concentración de recursos en las manos del 1% más rico debilita la actividad económica y hace la vida más difícil para el resto - particularmente para los más vulnerables y los más pobres".

"En un mundo en el que incluso los recursos más básicos, como la tierra y el agua son cada día más escasos, no podemos permitirnos concentrar activos en las manos de unos pocos y dejar a la mayoría pelear por lo que queda." Y es que se estima que cada una de las personas que integran el selecto grupo del 1% más rico del planeta utiliza unas 10.000 veces más carbono que un ciudadano norteamericano medio.

"Necesitamos un New Deal global para revertir décadas de incremento de la desigualdad" Como paradigma de la tendencia contraria se encuentra Brasil, que ha crecido rápidamente al tiempo que reducía la desigualdad - así como el éxito histórico de los Estados Unidos en los años 30 cuando se implantó el New Deal de Roosevelt que ayudó a reducir la desigualdad y a atajar los intereses espurios. En esta misma línea se manifiesta Vera y asegura que "necesitamos un New Deal global para revertir décadas de incremento de la desigualdad. Como primer paso los líderes mundiales deberían comprometerse formalmente a reducir la desigualdad a los niveles existentes en 1990".

"Desde paraísos fiscales hasta débiles leyes de empleo, los más ricos se benefician de un sistema económico global que está amañado a su favor. Es hora de que nuestros líderes cambien el sistema para que funcione en el interés de toda la humanidad en lugar de hacerlo para una élite mundial". Acabar con los paraísos fiscales - que albergan cerca de 32 billones de dólares (o una tercera parte de la riqueza global) podría generar 189.000 millones de dólares adicionales en recaudación impositiva.

 

Los recortes del PP se encarnizan con las personas dependientes

Las organizaciones de afectados denuncian demoras de más de dos años en cobrar la prestación y personas que mueren sin percibirla

Enric Llopis

El desguace del Sistema de Atención a la Dependencia no sólo se ceba con las personas más vulnerables, sino que apunta a un cambio profundo en el modelo de servicios sociales. El objetivo es pasar del ciudadano con derechos reconocidos, al que se garantizan unos servicios públicos esenciales, por un modelo basado en la beneficencia, el asistencialismo, la caridad y la adjudicación de contratos y subvenciones por discrecionalidad política.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el desmantelamiento por razones ideológicas de un sistema de ayudas a las personas dependientes que, con sus muchas limitaciones, funcionaba a partir de la legislación impulsada por el gobierno de Zapatero en 2006. “El sistema se destruye por inanición y tiene fecha de cierre: cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido”, asegura este colectivo.

Aunque frías y burocráticas, las cifras por sí solas ya espeluznan. El Gobierno de Rajoy ha recortado 835 millones de euros en las ayudas a la dependencia; en 2012 también se redujo a 450.000 cuidadores familiares la cuantía de las prestaciones económicas en un 15%, y el estado dejó sin cotización a la seguridad social a 146.000 cuidadores. Más de 100.000 personas se hallan pendientes de “valoración” y unas 240.000 en el “limbo” de la dependencia (en espera de la prestación, aunque con el derecho reconocido).

“ Todo indica que decenas de miles de personas con un derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo, morirán sin ser atendidos”, subraya José Manuel Ramírez, presidente de la asociación estatal de directores de Servicios Sociales.

En plena oleada de recortes estivales, y con la Troika al acecho, el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio aprieta las tuercas al sector de los servicios sociales. Con la excusa del déficit público, el ejecutivo de Rajoy decreta un recorte del 15% en las prestaciones económicas que reciben familiares de personas dependientes, y que el estado deje de cotizar a la seguridad social por los cuidadores no profesionales. “Estas medidas han forzado, en muchos casos, a que familiares de personas dependientes hayan abandonado sus trabajos para dedicarse a los cuidados, sobre todo en el caso de personas muy mayores y grandes dependientes”, asegura Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valenciano.

Al tajo genérico del gobierno central siguió la poda en las comunidades autónomas. En algunos casos, como en el País Valenciano, con efectos dramáticos. La Orden de 25 de octubre de la Conselleria de Bienestar Social introduce criterios de renta y grado de dependencia para acceder a las prestaciones económicas. Se trata, en la práctica, de establecer el “copago”, según denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Se calcula que con el “copago” –“de manera brutal y sin previo aviso”, afirma Palmira Castellano- decenas de miles de valencianos han experimentado recortes en las prestaciones de hasta un 70% (algún afectado ha pasado de percibir 280 euros a sólo 20).

Los recortes se sufren en el día a día, en la vida cotidiana. Afectan, por ejemplo, a material, a veces muy caro, necesario para los dependientes: sillas de ruedas, bastones, andadores, grúas, aparatos de accesibilidad para las duchas, sondas o bombas para absorber heces. Lo mismo ocurre con el material ortopédico. Las medidas de “ahorro”, “eficiencia” y “optimización de recursos” se aplican en todos los capítulos. De hecho, el IMSERSO y las consejerías han reducido los grados de discapacidad y niveles de dependencia en las valoraciones, con el fin de “racionalizar” el gasto (en enero se declararon 4.000 “grandes dependientes” menos que el mes anterior en el conjunto del estado).

Frente a esta batería de medidas, las organizaciones llevan tiempo movilizándose. El sábado 9 de febrero la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en el País Valenciano convocó una concentración frente a la sede de la Generalitat. A una de las asambleas previas se acercó un familiar de Enrique Balaguer, quien afirma que, tras los recortes del verano y enero, la ayuda que recibe ha pasado de 550 a 269 euros. Enrique Balaguer, de 52 años, sufrió un accidente de tráfico hace 25, y ahora vive en estado vegetativo, sin conocimiento ni capacidad para hablar ni para moverse. Inma Orea, de 32 años y vecina de Algemesí (Valencia), convive con su marido en paro y un hijo aquejado de autismo profundo e hiperactividad. Más que una lucha, lo suyo ha sido un “martirio”, durante dos años, confiesa. La prestación que se le reconoció al amparo de la Ley de Dependencia se la han rebajado 100 euros, pero ha conseguido, “gracias a la lucha individual”, que la Administración le abone 13.000 euros por tres años de prestaciones.

Con demoras de más de dos años en el cobro de las ayudas, personas que tienen derecho a la prestación y fallecen sin percibirla, y el boicot deliberado en algunas autonomías gobernadas por el PP, el recorrido de la Ley de Dependencia parece más bien el de un penoso calvario. Sólo en el País Valenciano hay 10.000 personas dependientes con el “grado” y el “nivel” reconocido, a la espera de que la Conselleria de Bienestar Social remita el listado al Ministerio de Sanidad y así el trámite siga su curso. Las organizaciones sociales apuntan a uno de los directos responsables, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, conseller de Bienestar Social (2007-2009) y, como significado miembro del Opus Dei, personaje estrechamente vinculado a Francisco Camps. Su familia ha prosperado en el negocio de las residencias para mayores. Además, su nombre aparece ligado al ingreso de 200.000 euros en las arcas del PP, en los papeles de Luis Bárcenas.

En tiempos del gobierno de Zapatero, denuncia la Plataforma de la Dependencia en el País Valenciano, el ejecutivo central transfería los recursos para pagar las prestaciones, pero el Consell se negaba a cumplir con su parte, en un sistema de ayudas que teóricamente ha de cofinanciarse. Para ahogar definitivamente el sistema, también se ha eliminado en todo el estado el derecho de retroactividad (primero Zapatero y después Rajoy), que aportaba garantías ante las demoras en el pago de las prestaciones.

¿Qué hay en el fondo de estas medidas que atacan uno de los grandes bastiones del llamado estado del bienestar? A juicio de Palmira Castellano, “el dinero de los Servicios Sociales se lo han llevado a otra parte; somos los chivos expiatorios, los primeros a quienes han atacado porque les resulta muy fácil. Nos tienen registrados en un fichero. Por eso actúan con esa falta de escrúpulos y de humanidad. Si no los paramos, si nos continúan robando derechos, acabaremos en la cola de la caridad”. En la práctica, añade, “se han producido recortes de hasta un 95% en las prestaciones”.

En el caso del País Valenciano, la puntilla (por el momento) llegó con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2013, en la que se suprimió la gratuidad de los medicamentos y ortoprótesis para las personas discapacitadas, que pasaron a pagarlos desde el 1 de enero en función de sus ingresos. En algunos casos se trata de productos muy caros (hasta 300 euros). Esta medida se agrega a los más de 400 medicamentos que el departamento de la “tocada” ministra de Sanidad, Ana Mato, retiró de la financiación de la seguridad social. Muchos de ellos, como laxantes, protectores de estómago, analgésicos o antiinflamatorios, son de uso muy común entre las personas dependientes. Visto lo visto, la tijera no toca fondo y la poda, con la coartada del déficit, se ha adentrado en unas “líneas rojas” que no hace mucho se antojaban infranqueables.