El Tribunal de Cuentas inicia procedimiento contra Antonio Morales por adecuar las presas al Proyecto Chira Soria

 

El Tribunal de Cuentas del Estado ha abierto “La Acción Pública” contra el Consejo Insular de Aguas, que preside Antonio Morales, tras la denuncia realizada por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín, por el uso de dinero público en el estudio y adecuación de las presas para la construcción de la Central Hidroeléctrica que Red Eléctrica de España pretende instalar en el Barranco de Arguineguín.

 

Estas irregularidades se refieren a una serie de gastos efectuados por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria mediante los que encargó a diferentes empresas una serie de trabajos relacionados con la “seguridad de presas” y que han concluido en el Proyecto de Adecuación de las Presas licitado por un importe de 310.000 euros. “A partir de aquí vendrán esas obras de adecuación con costes millonarios que pagaremos los grancanarios para que funcione el chanchullo de un mamotreto obsoleto que pretende instalar Red Eléctrica en el Barranco de Arguineguín” afirma el portavoz de la Plataforma Pedro Hernández.

 

La denuncia al Tribunal de Cuentas hace mención al incumplimiento del acuerdo de subrogación firmado en el 2015 por el Cabildo y REE (Red Eléctrica de España) para la ejecución de una central hidroeléctrica en Gran Canaria (Proyecto Chira-Soria). En este acuerdo se concede a REE una concesión del agua embalsada y del vaso de las presas para la ejecución del Proyecto. Al descubrir REE graves deficiencias en las presas, el Cabildo de Gran Canaria, asumió la obligación impuesta al concesionario del Proyecto Chira-Soria en 2011: “La implantación del sistema y sus obras asociadas se proyectará y ejecutará de forma que estén garantizadas las condiciones actuales de seguridad, estanqueidad del vaso, estabilidad de taludes y muro, en especial como consecuencia de las operaciones de vaciado”.

 

De esta manera se ha iniciado un procedimiento de enjuiciamiento por parte del Tribunal de Cuentas del Estado para determinar la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Con esta actividad, la Institución tiene la potestad de poder exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su actuación se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público.

 

Según Pedro Hernández “La responsabilidad apunta a Antonio Morales en calidad de presidente del Cabildo de Gran Canaria; responsable de la política de aguas en la Corporación y Presidente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria como máximo responsable de la gestión de fondos públicos”.

 

Salvar Chira-Soria ya ha denunciado en reiteradas ocasiones, que la seguridad de las presas no está garantizada para el uso hidroeléctrico que se pretende. Asegurando que la adaptación de las mismas corresponde según la legislación vigente a REE, y que, sin embargo, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se está gastando enormes cantidades de dinero público en intentar adaptarlas.

 

El Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses establece en su artículo 9 las exigencias de seguridad que ha de cumplir el concesionario, como titular de las citadas infraestructuras, no sólo durante los primeros tiempos de explotación, sino también durante la vigencia de la concesión; “ los titulares de concesiones y quienes sean titulares de un derecho que permita el uso privativo de las aguas tanto para el aprovechamiento hidroeléctrico de las mismas como para otro uso, estarán obligados a cumplir las exigencias de seguridad de la presa y su embalse contenidas en este real decreto y específicamente, las obligaciones recogidas en las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses”.

 

Concluye el portavoz de la Plataforma afirmando “resulta increíble que entreguemos nuestro mejor Barranco, nuestras presas y nuestras soberanía energética a una multinacional y encima le tengamos que pagar la cama”.