Norberto Marchesano Martínez y Julián Maganto López.

 

Economistas

 

 El 9 de enero del 2019, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal presentaba una OPINIÓN dirigida al gobierno, donde se trazaban una serie de propuestas sobre el sistema público de pensiones.

 

Propuestas de mejora a corto plazo

 

"Cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, a través del traspaso de responsabilidades de gasto desde el Sistema de la Seguridad Social al Estado".

 

Se concretaba en la asunción por parte del Estado de determinados gastos impropios que soportan las cotizaciones sociales, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales.

 

Propuestas de mejora a largo plazo

 

"Modificar los requisitos de acceso a la jubilación (anticipada y ordinaria), para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación y abogar por el aumento de la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años."

 

Validar las modificaciones de los parámetros que se implementaron en la reforma del 2011, (edad para jubilarse, carrera de cotización, factor de sostenibilidad, etc.) y profundizar sobre las mismas. 

 

No descartar la aplicación de factores correctivos al IPC real, porque según el informe, existen otras posibilidades de revalorización de las pensiones complementarias al IPC, como el crecimiento del PIB, de los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales que pueden conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con la sostenibilidad a largo plazo.

 

Estudiar la posibilidad de utilizar la carrera laboral completa para el cálculo de la Base Reguladora, cuantificando que su impacto podría llegar a alcanzar un ahorro de 2 puntos del PIB en el año 2048 y así reemplazar los efectos previstos con la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (0,25%) que, aunque de gran utilidad, ya no resulta posible de aplicar políticamente.

 

Presupuesto de la Seguridad Social 

 

Es evidente que en el presupuesto del año 2021 se han aplicado las medidas de corto plazo resumidas en la nota de prensa de la OPINIÓN entregada al gobierno y los gastos impropios han sido solventados en gran medida mediante transferencias de los presupuestos generales.

 

No obstante, el esfuerzo financiero que ello significa, el Déficit continúa instalado en 14.293 millones de euros, y la causa determinante del mismo, radica en que las cotizaciones sociales son inferiores en 10.839 millones de euros al gasto en pensiones contributivas. 

 

Es decir, que aunque se cumpla en su totalidad la separación de las fuentes de financiación, y las cotizaciones sociales solo se utilicen para pagar las pensiones contributivas, seguirá existiendo un importante Déficit anual que solo puede agudizarse en los próximos ejercicios, lo que invalida y hace fracasar la propuesta del ministro Escrivá de eliminar el Déficit de la Caja Única en el año 2023.

 

Se vuelve a repetir la experiencia del gobierno del PP que no ha actuado en la línea de incrementar los Ingresos por cotizaciones sociales. Desde el año 2013 hasta el 2018 en pleno gobierno de Rajoy, las cotizaciones sociales han perdido en su relación con las pensiones contributivas 37.322 millones de euros, que contribuyeron junto a otros gastos injustificados, al saqueo de la "Hucha" de las pensiones. (Tomás Burgos, la "Hucha" está para usarla.)

 

Pedro Sánchez parece que todavía confía en su ministro a pesar del otro fracaso, el de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que ha provocado desconcierto y frustración en los posibles favorecidos y en la plantilla de trabajadores de la Seguridad Social dedicados a su implementación.

 

Los papeles de Bruselas

 

De acuerdo a la información publicada sobre el particular, es evidente que los papeles enviados como definitivos a Bruselas siguen las líneas desarrolladas en la OPINIÓN.

 

  • Se consolida la propuesta de trasladar los gastos impropios al Estado,

  • No se renuncia a la ampliación de la carrera de cotización con la excusa de hacer más contributivo el sistema.

  • Se propone sustituir el Factor de Sostenibilidad por otro factor denominado de "Equidad Intergeneracional", para que los parámetros del sistema sean objeto de revisión periódica en función de la evolución demográfica y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista.

  • En materia de Ingresos no mencionan el necesario destope de las cotizaciones sociales que tanto inquieta a los empresarios, se sugiere en cambio, "adecuar" la base máxima de cotización e incrementar la remuneración de la pensión máxima. Se propone asimismo "graduar" en el tiempo que los autónomos vayan cotizando por sus ingresos reales. Así planteadas, estas dos medidas no representan la solución esperada en materia de nuevos Ingresos y no recaudarán ni por asomo los 13.500 millones de euros previstos en caso de que se hubiera optado por su plena aplicación, lo que resultaría útil para conjugar el déficit de la Seguridad Social.

 

Conclusión de los papeles de Bruselas, los mismos recortes de siempre con distinta literatura, que el ministro Escrivá confía concretar en el marco del diálogo social y elevar al Congreso después de obtener el aval de sindicatos y empresarios.

 

En virtud de todo lo expuesto los partidos progresistas deben estar muy pendientes de las reuniones de la mesa del diálogo social y del trámite parlamentario. Será necesario esforzarse para no ceder en ninguno de los siguientes temas:

 

  • Asegurar la consolidación del IPC real, sin parámetros adicionales,

  • Mantener los 25 años como período de cálculo.

  • impedir que la edad ordinaria de jubilación se incremente por encima de los 67 años,

  • Proponer la adopción de medidas concretas para lograr el desarrollo de pensiones dignas,

  • Desechar las ideas privatizadoras del sistema público de pensiones, relacionadas con la implementación de los Planes de Empresa que el ministro a logrado introducir en las recomendaciones de Pacto de Toledo y que los empresarios, el PP, los bancos, e inclusive los sindicatos ven con buenos ojos, aunque son rechazados de plano por los pensionistas, los eternos excluidos de las negociaciones.

  • Rechazar de plano la implementación del factor de Equidad Intergeneracional, que resultará una verdadera arma de destrucción masiva dirigida sobre las remuneraciones de los pensionistas actuales y futuros.

 

El llamado a los partidos progresistas cobra mayor sentido, al verificar, que el 9 de enero del 2019 el presidente de AIReF, era Don José Luis Escrivá.