La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, se une a las reivindicaciones de la Plataforma de Empleadas Públicas en Fraude de Ley de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y denuncia a los sucesivos responsables del Gobierno de Canarias por el abuso cometido desde hace décadas con miles de trabajadores y trabajadoras que se han visto sometidas a encadenar contratos temporales en plazas que tendrían que haber sido estructurales (imprescindibles para la prestación de un servicio público de carácter permanente ).

 

Servicio Canario de Empleo, Agricultura, Justicia, Cultura, Deportes, y un largo etcétera de departamentos que se ocupan de la atención pública de los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana ha estado sometido, no solamente a los sucesivos recortes presupuestarios en la dotación de medios materiales, sino a la supresión de plazas públicas absolutamente necesarias, la nula reposición del personal jubilado y la práctica fraudulenta de una contratación temporal para puestos de trabajo que tendrían que haber salido a oferta de empleo público muchos años atrás.El funcionamiento de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda,

 

No es de recibo que ahora se pretenda hacer borrón y cuenta nueva y se denomine proceso de consolidación a una nueva oferta de empleo público que obligue a más de 4000 trabajadoras a presentarse como si fueran “nuevas aspirantes”, cuando en algunos casos superan los 20 años de prestación de servicio en sus puestos de trabajo, vulnerando además de sus derechos (trayectoria profesional, formación, estabilidad, años de servicio en contacto con la ciudadanía, etc), la sentencia del Tribunal Europeo del 19 de marzo de 2020, que considera que si hay un fraude en la contratación y ésta se extiende en el tiempo de manera ilegal, la forma de atajarlo no es penalizar a las trabajadoras sino más bien sancionar a la administración que lo ha causado dictando la fijeza de estos trabajadores.

 

En los últimos 10 años, Redesscan ha venido planteando a través de estudios, comunicados, encuentros y acciones diversas, nuestra defensa de los Servicios Públicos como garantía de derechos para todas las personas. La accesibilidad, universalidad, responsabilidad pública, la Igualdad, equidad, solidaridad, entre otros principios inspiradores de estos servicios, solo pueden estar garantizados a través de la fortaleza de los Sistemas Públicos, con medios materiales, económicos y personales suficientes que puedan hacer frente a situaciones de crisis, como la que vivimos en la actualidad con la pandemia , y las que vivimos a diario en un sociedad como la nuestra en la que la desigualdad, el riesgo de exclusión social  y la pobreza severa, alcanzas cifras intolerables e injustas desde hace tiempo. El Gobierno de Canarias no puede poner en riesgo a miles de trabajadoras y trabajadores públicos  por la ineficacia, irresponsabilidad y fraude que han provocado durante años desmantelando lo público en favor de externalizaciones y privatizaciones que han precarizado y convertido en negocio empresarial necesidades fundamentales de toda la población. Las y los trabajadores públicos son necesarios y los Servicios Públicos tienen que recuperarse y fortalecerse, no solamente consolidando y asegurando la fijeza  a las empleadas temporales sino aumentando urgentemente las plantillas que han mermado drásticamente en toda la Administración Pública de Canarias.                                

 

En Canarias a 4 de Febrero del 2021