Canarias, paraíso de la precariedad y la exclusión social

 

Por David Rodríguez Espino  

 

   Después de diez años del inicio de la Gran Recesión, han proliferado distintas investigaciones sobre el impacto que la crisis de 2008 y las posteriores políticas de austeridad han tenido sobre los distintos modelos de bienestar europeos. Tal es el caso de la investigación, Welfare and the Great Recession: A Comparative Study (2019) de la editorial Oxford University Press, en donde se analiza hasta qué punto los modelos de bienestar europeos se han transformado tras la crisis financiera, con el análisis exhaustivo de nueve países, entre ellos España.

 

    Por otro lado, algunos/as autores/as, siguiendo la obra La gran transformación (1944) de Karl Polanyi, empiezan a hablar de una “segunda gran transformación” o una “gran transformación recurrente” para examinar los profundos cambios acaecidos después de la Gran Recesión de la cual, para muchos investigadores/as, todavía no hemos salido y que se debe al propio funcionamiento del sistema capitalista, tendente a crisis periódicas.

 

    En España, es de destacar, Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Políticas Sociales en Perspectiva Comparada (2013-2016), de la editorial Tecnos. Un estudio de los distintos modelos de Estados de Bienestar europeos (Continental, Liberal, Socialdemócrata, Mediterráneo), cuyo análisis se amplía en su segunda edición a los países postcomunistas, América latina, Asia y África. De igual manera, en el mismo, se analizan los cambios que han sufrido las políticas sociales tras la crisis de 2008 (sanidad, pensiones, políticas de lucha contra la pobreza, de atención a las personas en situación de dependencia, familia, igualdad de género y de protección por desempleo) ampliando dicha investigación a otras áreas, tales como la educación, las políticas activas de empleo o la política fiscal.

 

    Sin embargo, una de las peculiaridades del Estado de Bienestar Español son las grandes diferencias territoriales que existen entre sus autonomías, aspecto muy poco estudiado con la profundidad que se merece.

 

     Es por ello por lo que, en 2015, un grupo de investigadores e investigadoras de universidades españolas, entre las que se encuentran Ana Cano Ramírez y Miren Koldobike Velasco Vázquez profesoras del Grado en Trabajo Social de la ULPGC, y dirigidos por Manuel Hernández-Pedreño, Doctor en Sociología de la Universidad de Murcia reciben el XX premio de investigación del Consejo Económico y Social de España por su trabajo. Dicha investigación queda plasmada en Los modelos sociales autonómicos en el contexto español (2019), donde se desarrollan entre 2009 y 2016 distintos índices de exclusión social, compromiso documental y de eficiencia del gasto reflejando grandes diferencias entre las distintas comunidades autonómicas. Para ello utilizaron tres técnicas distintas: análisis estadístico de indicadores de riesgo social multidimensional y de gasto social; análisis documental del compromiso autonómico y estatal, mediante el estudio de los diferentes planes y normativa que conforman cada política sectorial (ingresos, empleo,…) y entrevistas y grupos de discusión con profesionales de la intervención.

 

     Citando a sus autores/as: “Desde una perspectiva territorial, las repercusiones iniciales de la crisis han sido muy dispares a nivel autonómico, como ya demostraron algunos estudios, advirtiendo de las graves consecuencias del aumento de esta desigualdad autonómica sobre la erosión de la cohesión social. Esta distinta evolución territorial deviene de las diferentes posiciones de partida antes de la crisis, aunque también de las distintas respuestas institucionales ofrecidas desde las autonomías”.

 

   Además, la investigación constató que existen distintos niveles de eficiencia en la gestión de las políticas sociales en cuanto a las comunidades autónomas. Navarra y Madrid son las autonomías que han resultado eficientes tanto en materia de política sanitaria, como en educación y en protección y promoción social. En tercer lugar, se sitúa el País Vasco, que también podría decirse que resulta eficiente en las tres políticas analizadas, puesto que alcanza una puntuación muy similar a las primeras. En el lado opuesto de la clasificación, con los niveles más bajos de eficiencia, se sitúan Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. En cualquier caso, los niveles medios de eficiencia de los tres modelos realizados para la política social resultan elevados.

 

  La investigación ofrece diversos puntos de vista sobre la situación social de las comunidades y ciudades autónomas españolas, caracterizando los distintos modelos sociales que coexisten, el español y los autonómicos. En síntesis, de este trabajo se extraen dos conclusiones principales:

 

• La existencia de grandes distancias entre los modelos sociales de las autonomías, evidenciadas por los profesionales y constatadas por el análisis documental y estadístico. En este último caso, tanto desde el punto de vista de los resultados en materia de riesgo de exclusión social, como considerando el nivel de gasto social.

 

• Los análisis han corroborado la limitada capacidad de las políticas sociales para responder a las nuevas necesidades surgidas con la crisis.

 

En este sentido la investigación propone:

 

• Avanzar hacia un marco básico común de protección social.

 

• Avanzar hacia un modelo de financiación más justo, más social y con más recursos.

 

• Mejorar la gestión mediante un uso eficiente de los recursos y el fomento de la participación.

 

• Fomentar la coordinación interterritorial.

 

• Mejorar la calidad, cantidad y cobertura territorial de los indicadores del sistema nacional de estadísticas sociales.

 

  Este mismo grupo de investigación, profundizando en la línea de éste primer estudio, publica en 2020 Riesgo de exclusión y políticas sociales autonómicas en España, en la editorial Tirant Humanidades. En el mismo, Ana Cano y Miren Koldobike Velasco analizan en el capítulo “Riesgo de exclusión y política social en Canarias” la situación actual de las islas.

 

  Al hablar del gasto social, se constata que: “Entre 2008-2014, la reducción del gasto social autonómico se produce, en sus tres partidas (Sanidad, Educación y Protección y promoción social) y de forma similar, en Canarias y el conjunto de autonomías, sufriendo los recortes más intensos el gasto en protección y promoción social. Así, en esta comunidad autónoma, los recortes presupuestarios tuvieron una especial incidencia, evidenciándose una disminución de gasto social en todos estos componentes, quedando en 2017 en todas ellas muy por debajo de la media de todas las comunidades autónomas, y sin recuperar o igualar la situación inicial de 2008”.

 

  Además, “entre 2008 y 2017, la Sanidad canaria sufre un recorte de 135 euros por habitante, mientras que la media del resto de las autonomías ha sufrido una mejora de un 10%; en Educación se produce una reducción de 134 euros menos por habitante, frente a un recorte medio del total de autonomías de 12 euros por habitantes; en Protección y Promoción social, 83 euros menos dedicados por habitante, mientras del total de autonomías sufre una mejora total de 16 euros por habitante. Por tanto, en las islas el recorte en euros por habitante más alto fue en la inversión en Sanidad, seguida de la Educación y la Protección social, y la especial incidencia recae en la dedicada a los Servicios Sociales, en una situación de crisis financiera. En diez años ha descendido la inversión en el modelo social en Canarias unos 352 euros por habitante, hecho que condiciona y rebaja la garantía de derechos y redistribución de la riqueza en las islas”.

 

  Como resultado de agregar sus tres partidas, el gasto social per cápita en Canarias alcanza una cifra de 2.260 € en 2017, resultando ser unos 234 euros por debajo de la media en el estado español. La combinación que se da es paradójica, situaciones de desigualdad más graves y menos inversión en los servicios públicos universales que tienen la obligación de garantizar derechos.

 

  A modo de resumen, para las autoras: “Se constata una situación por encima de la estatal de desigualdad y empobrecimiento, en número de hogares que no llegan a fin de mes, con la carencia material severa más alta, la tasa de paro por encima de la media estatal, con el número de personas y hogares más precarios, en lo laboral, en lo retributivo, en las condiciones de vivienda, en salud, en tasas de abandono escolar temprano y jóvenes que ni estudian ni trabajan y con las rentas medias más bajas en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Acompañando esta situación, brevemente dibujada, un descenso de inversión social en Sanidad, Educación y sobre todo en Protección y Promoción social.

 

  En palabras de Miren Koldobike, “en Canarias vivimos en un paraíso de la precariedad”. Sin embargo, tal y como afirmaba el relator de la ONU Philip Alston, en su visita a España “la pobreza es una decisión política” y en Canarias desde el inicio de la democracia ha sido y es la decisión política de los distintos partidos políticos que han gobernado.

 

(*)  David Rodríguez Espino es miembro de REDESSCAN,

 

Fuente: Kaos en la red