¿Un golpe de estado silencioso en España?

 

En 2009 el execonomista jefe del FMI Samuel Johson, describía en un artículo la crisis financiera de Wall Street como el fatal desenlace de un “golpe de Estado silencioso”. Durante años y bajo el lema “Lo que es bueno para Wall Street es bueno para el país” la élite financiera marcó el rumbo de la economía ante las manos caídas o complicidad de los gobiernos, convirtiendo finalmente la principal economía del mundo en una “república bananera” que acabó implosionando con la crisis de 2008.

 

En España podríamos igualmente hablar de un golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, lento y revestido de “motivaciones doradas” por nuestros diversos gobiernos. La entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública en los 90 y posteriormente el operativo desplegado para malvender o regalar las cajas nacionalizadas a las finanzas privadas, constituyen una parte sustancial de la toma silenciosa del poder económico-financiero en España por las corporaciones bancarias. Del mismo modo que en los USA, lo que era bueno para los accionistas de BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones. Otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital.

 

Las fusiones y absorciones forman parte del código genético del capitalismo, las empresas que no crecen acaban desapareciendo o no contando en el reparto del mercado. Consecuencia de ello es la formación de oligopolios que acumulan poder dentro de sus sectores, en este caso el financiero. Tres décadas han supuesto el proceso de acumulación de un oligopolio que ya ostenta uno de los índices de concentración bancaria más altos de Europa, seis veces el de Alemania, con el coste que ello lleva para la competencia y para los consumidores. Después de la fusión (absorción en la práctica) Bankia-CaixaBank, el oligopolio adquirirá proporciones de dominio total sobre el sistema financiero y acabará con el sueño de una banca pública como única forma de disponer de una parte del sector financiero democratizada al servicio de los ciudadanos y capaz de desplegar líneas de crédito que no asume la banca privada. Una Banca pública al servicio de una economía social y ecológica, que combata los excesos de la banca privada movida por el beneficio, mediante el crédito, o bien a muy corto plazo mediante la especulación, la domiciliación de filiales en refugios fiscales, la comercialización de productos estafa y activos tóxicos, el empleo de comisiones abusivas, la reducción de plantillas, el cierre de oficinas y la exclusión financiera.

 

La codicia sin límites de la banca privada no podía tolerar en los años 90 un sector público que en algún momento equiparó su capacidad crediticia, ni más tarde la competencia de las cajas en cuanto a depósitos y crédito. La presión o el cabildeo con los sucesivos gobiernos está a punto de conseguir gran parte de sus objetivos con esta “fusión”, con la privatización casi total del sector financiero condicionarán sustancialmente las decisiones en política económica. Se habrá cerrado en España el “golpe de estado silencioso” y afianzado una dictadura corporativo-financiera en el seno de una “monarquía bananera”

 

Pedro Sánchez – siendo que a los ministros de UP se les ha mantenido ajenos a las negociaciones – ha manifestado que se pretende que la fusión se realice de tal forma que se maximicen los activos del Estado en beneficio de la ciudadanía. Lo que no ha explicado es que la fusión entierra definitivamente un proyecto de banca pública en España y que el Estado pasa, de tener el control de una banca nacionalizada con el 61% de acciones, a ser accionista minoritario en una entidad privada. Olvida asimismo hablar de qué parte de los 24.600 millones de euros del rescate de Bankia, de los que hasta el momento solo se han devuelto 3000, va a recuperar o no la ciudadanía.

 

Se ha mantenido a la ciudadanía deseducada y ajena a los problemas económicos que le afectan, sin saber analizar sus causas. Es hora de despertar.

 

 

 

Antonio Fuertes Esteban, Grup de Reflexió, Anàlisis i Crítica Política (GRACP)