Naufragio del régimen RUP (I)

Poco más de un cuarto de siglo después de la plena integración de Canarias en el mercado interior comunitario en 1991, tras decisión del Parlamento canario de diciembre de 1989, hora es ya de hacer balance sobre las consecuencias que ha tenido la misma para nuestro desarrollo económico y social. Balance que, como veremos, ha sido claramente deficitario, sobre todo, para nuestros sectores agrario e industrial y el bienestar de amplios sectores de nuestra población.

 

Ahora conocemos empíricamente las consecuencias de aquélla decisión, por lo demás ilegítima, al haberse adoptado de espaldas a la ciudadanía, que no fue consultada ante lo que venía a significar la renuncia a nuestros fueros históricos. Algo para lo que no tenían mandato popular las diputadas y diputados de aquélla II Legislatura autonómica que votaron a su favor, cuyos partidos no se habían atrevido a proponer tal renuncia en sus programas electorales de 1987.

 

Y no nos estamos refiriendo sólo a la desaparición de las franquicias administrativas, aduaneras y fiscales sobre el consumo, compatibles con impuestos y aranceles de administraciones locales, ayuntamientos y cabildos, destinados tanto a nutrir sus presupuestos como a defender nuestras producciones; sino, lo que es más importante, a perder la facultad que teníamos de diseñar nuestro propio modelo de desarrollo auto centrado, autónomo respecto del estatal y en función de nuestras verdaderas potencialidades, en el marco geoestratégico que nos ha tocado vivir.

 

Un valioso patrimonio foral que fue dilapidado miserablemente.

 

Lustro de integración parcial

 

A Canarias la habían integrado de forma parcial en la CEE cuatro años antes, aunque sin recoger el Protocolo de adhesión todas sus aspiraciones, motivo por el cual el Parlamento canario lo rechazara mayoritariamente en su pronunciamiento previo, de junio de 1985, preceptivo sí, pero nada vinculante para el Estado como sabemos.

 

Aún así, nos mantuvimos fuera de la Unión Aduanera (UE) -como lo estábamos respecto del cinturón aduanero español desde 1852- y de algunas políticas comunes como la Política Agrícola Común (PAC) y la de pesca, lo mismo que de la Política Comercial Común (PCC), conservando el libre acceso a la CEE de nuestras exportaciones hortícolas dentro del calendario y los contingentes tradicionales , así como la reserva de mercado español para el plátano hasta 1996, en tanto se negociaran otras medidas de protección frente a la banana americana; nuestras exportaciones industriales conservaron las generosas normas de origen que tenían para el territorio español, ampliándolas a toda la CEE; los subsectores de auto abastecimiento agrario e industrial mantenían cierta protección frente a las importaciones y, algo que se olvida con demasiada frecuencia, disfrutando del pleno acceso a los fondos estructurales como el Feder, el FSE y el Feoga-Orientación, insistimos, manteniéndonos fuera del mercado interior.

 

«Y es que no basta con tener un régimen especial, necesitamos además que beneficie a la inmensa mayoría de canarios y canarias»

 

Triste balance de un cuarto de siglo

 

El balance de la plena integración en la UA, la PAC y la PCC, ha representado muy mal negocio para nuestros sectores agrario e industrial, excepción hecha del platanero, con características de una estafa en toda regla.

 

Recordemos, llegados a este punto, que el principal argumento de los plena integracionistas, por aquéllas fechas, fue precisamente el de la supuesta necesidad de salvar el sector agrario. Argumento convertido hoy en amargo sarcasmo.

 

Según la Consejería de Agricultura y el Istac, la superficie agrícola cultivada en 2017 era de 37.040 Hectáreas (Ha), descendiendo un 40% respecto de las 61.627 Ha de 1986. Pero la superficie de regadío descendió casi a la mitad, desde las 35.645Ha de 1986 a las 18.979 Ha de 2017. En el subsector exportador, el platanero ha mantenido a duras penas su marca de 1986, descendiendo un 8.5%, hasta las 330.700 Toneladas (TM) de 2015. Pero el tomatero ha sufrido una auténtica debacle, descendiendo en dos terceras partes desde las 175.715 TM de la campaña 1985/86 hasta las 58.700 TM de la 2015/16. Otras hortalizas, flores y plantas ornamentales, siguieron la misma pauta.

 

El subsector de auto abastecimiento presenta un panorama tan desolador como el exportador hortícola. Un cultivo como la papa, integrante tradicional emblemático del paisaje de medianías, se ha derrumbado en un 62% desde las 161.539 TM de 1986 hasta las 61.385 TM de 2016, con relevante impacto en el retroceso del medio rural, al disminuir su superficie en un 70%, desde las 15.000 Ha de 1986 a las 4.500 Ha actuales.

 

A excepción de una especie sin competencia a nivel europeo como el caprino, el sub sector ganadero es hoy casi testimonial. Sobre todo el bovino, pese a ser el más protegido por la PAC. Las vacas son un floreciente negocio a nivel continental europeo, pero en Canarias se han reducido un 40%, 19.340 cabezas en 2016 frente a las 32.555 de 1986, mientras las de ordeño han desaparecido en un 60%, 5.645 en 2016 frente a las 14.110 de 1986.

 

Otras producciones ganaderas han seguido la misma evolución descendente. Los animales de porcino sacrificados se han reducido un 40%, entre 1990 y 2015. Mientras las aves sacrificadas disminuyeron una cuarta parte en el mismo periodo.

 

El Grupo de Investigación de Economía Agro alimentaria de Canarias (Ecoagrocan), de la Universidad de La Laguna, sitúa nuestros niveles de auto abastecimiento alimentario, para el periodo 2012/16, en una exigua quinta parte del valor comercial de nuestra demanda y sólo en un 17% la cobertura de nuestras necesidades proteicas.

 

El sector vitivinícola cubre la cuarta parte del consumo, manteniendo una presencia significativa en algunas comarcas, paradójicamente, gracias a estar exentos de las principales directrices de la OCM comunitaria. Las hortalizas en fresco cubren sólo la mitad de la demanda y nuestra producción cárnico láctea sólo alcanza un 18%, con un 16.5% para mantequillas y quesos, siempre según Ecoagrocan. El sector industrial manufacturero, que excluye la producción de agua y energía, ha descendido -según el Istac- una tercera parte su participación en nuestro PIB, desde un 7.3% en 1990 hasta un 4.7% en 2015.

 

En el último cuarto de siglo hemos asistido al casi desmantelamiento de la industria tabaquera y el cierre de la industria conservera abastecida por la flota artesanal y sardinal canaria, también casi desguazada. Así como al desplome de otras industrias agro alimentarias, siendo muy sonados los fracasos de Sialsa, Teisol o Queserías de Arico, entre otras.

 

A mayor demanda, menor oferta

 

No puede haber mejor prueba del fracaso de una política agraria que caracterizarse por producir menos alimentos cuanto más aumenta su demanda.

 

Y precisamente este ha sido el bucle perverso generado por el binomio PAC-Poseican en Canarias.

 

En 1993, al inicio de la integración en la PAC, las Islas tenían en torno a 1.700.000 consumidores diarios, entre residentes y turistas. En 2016, alrededor de 2.500.000, incrementándose en casi el 50%.

 

Sin embargo, la contribución del sector agrario al PIB se redujo un 55% en el mismo periodo, desde el 3% al 1.35%, disminuyendo también drásticamente en valor absoluto , tal como apuntamos, la mayoría de las producciones de auto abastecimiento, que representan un 60% del valor total agrario producido.

 

Respecto al empleo agrario, pasó de aportar el 7% de la población activa ocupada en 1993 al 2.3% actual. En valor absoluto bajó un 40%, desde los 33.050 puestos de trabajo directos de 1993 hasta los 19.800 de 2016. Más de 13.000 empleos destruidos.

 

Y lo que es más lamentable, el binomio PAC-Poseican ha cambiado y degradado la relación del hombre y la mujer canaria con nuestra madre tierra, haciéndonos vivir cada vez más de espaldas al medio rural y a expensas de los excedentes continentales europeos importados en régimen de dumping, cuando no de los bancos de alimentos, ante los que hacen cola nuestra cada vez más numerosa legión de excluidos sociales.

 

Escasa captación de inversiones foráneas

 

La obligada modificación del REF para su adaptación al mercado interior comunitario resultó muy limitada por la normativa sobre competencia y no ha propiciado la captación de capitales extranjeros dignos de mención. En las dos últimas décadas una media de 70 M€ anuales, el 0.16% del PIB.

 

La Zona Especial Canaria (ZEC), anunciada para impulsar nuestro desarrollo industrial, ha tenido un desempeño insignificante.

 

Tras 18 años desde su implantación, mantiene 572 empresas activas, de las que sólo una quinta parte son industrias -la mayoría agro alimentarias ya existentes reconvertidas en entidades ZEC- y, el resto, del comercio y servicios, entre las cuales, las de I+D+i representan un testimonial 2% -¿recuerdan a los sahorines que la pronosticaron como el futuro Silicon Valley isleño?-, terciarizando aún más si cabe nuestra economía.

 

La inversión total captada ha sido de 450 millones de euros (M€) en 18 años, una media de 26.4 M€ anuales (0.06% del PIB), con 5.757 empleos totales creados, el 0.7% del total de ocupados. De auténtica vergüenza.

 

Un chiringuito ZEC adscrito al Ministerio de Hacienda, cuya publicidad continúa, como la orquesta del Titanic, con su sonsonete de «ser un instrumento para promover el desarrollo económico social de Canarias y diversificar su estructura productiva».

 

Desfachatez inherente a todo un discurso diseñado para crear un señuelo de régimen especial canario vacío de contenido, como la cáscara de una calabaza, que además de no contribuir a nuestro desarrollo, lo que propicia realmente es su bloqueo.

 

La RIC, como incentivo estrella, generó importantes dotaciones mientras duró la orgía de créditos para su materialización, innecesarios al disponer ya del ahorro fiscal y los beneficios no repartidos (quién sabe dónde estarán), pero no fue aprovechada para crear economía productiva sino, sobre todo, pelotazos inmobiliarios a discreción.

 

Colonia de mercado cautivo

 

Las importaciones desde el resto del estado, que representaban un 50% del total en 1986, superan hoy el 77%, según el Informe Anual del CES-2017, pasando las islas a ser el quinto cliente mundial de las exportaciones españolas, con un valor de 11.440 M€ para 2016, causantes del 88.3% de nuestro déficit comercial exterior de bienes.

 

Aplastante dato que nos descubre a unos de los principales beneficiarios de nuestra integración en el mercado interior comunitario: determinados subsectores exportadores españoles a la caza y captura del suculento mercado canario de más de 2.5 millones de consumidores, acaparando el sector agrario y agro industrial alimentario el 14% del valor total exportado hacia Canarias, unos 1.600 M€ para 2016.

 

Planificado previamente o no, táchese lo que no proceda según la ingenuidad de cada cual, este ha sido el resultado final, convertirnos en colonia de mercado cautivo a costa de la liquidación gradual de nuestros sectores productivos primario y secundario.

 

Y es que no basta con tener un régimen especial, necesitamos además que beneficie a la inmensa mayoría de las canarias y canarios.

 

Ya nos lo preguntaba el poeta gomero Tomás Chávez Mesa: «¿Para quién afortunadas si tus hijos no lo son?».

 

Naufragio del régimen RUP (y II)

El balance claramente deficitario, descrito en la primera entrega de este artículo, que para nuestro desarrollo económico y social ha tenido la integración en el mercado interior comunitario, no parece encajar demasiado con el famoso mantra benefactor europeo, alimentado por campañas de comunicación destinadas a ensalzar el actual proyecto neo liberal europeo, por otra parte sumido en una profunda crisis. Un mito de Europa providencia que, cual espejismo, se desvanece al constatar las crudas realidades sociales como la canaria.

 

El mito de la Europa providencia

 

La estrategia principal para reproducir el mito se basa principalmente en el tratamiento informativo dado a los fondos transferidos por Bruselas a los estados, regiones y sectores económicos y sociales. Estrategias de comunicación bien dotadas económicamente y desarrolladas por grupos especiales de información y publicidad (GERIP), a nivel estatal y regional, cuyo objetivo es crear en la ciudadanía una percepción sublimada y distorsionada de aquéllos fondos.

 

Para ello se evita desagregarlos por anualidades, presentándose siempre multiplicados por siete, al proceder de un presupuesto plurianual, además de imprimirles siempre el carácter de fondos netos, cuando son realmente fondos brutos, al salir de un presupuesto creado principalmente con las aportaciones estatales.

 

En la jerga comunitaria se equiparan siempre los fondos europeos con los conceptos de «ayudas» o «contribuciones europeas», cuando la realidad es que éstas sólo podrían referirse al segmento de transferencias recibidas que sobrepasen a las aportadas. Un elemental concepto contable cuya dificultad de asimilación nos recuerda lo difícil que resultó a Galileo demostrar el movimiento terráqueo...

 

«Nuestra asociación a la UE nos garantizaría, además, el libre acceso a nuestras producciones agrarias...»

 

Los periodos de programación y presupuestos comunitarios abarcan un plazo de siete años, estando actualmente en vigor el 2014/2020. En el periodo anterior, 2007/2013, el Estado español recibió una media de pagos comunitarios de 12.625 millones de € (M€) anuales, mientras aportó al Presupuesto UE una media anual de 11.315 M€.

 

El promedio anual de ayuda o contribución comunitaria real fue, por tanto, de 1.310 M€, un 10.3% de los fondos recibidos. De ellos, el 4.51%, unos 59 M€ de media anual, fueron las ayudas reales a Canarias, por contribuir con tal porcentaje a la población estatal. Pero presentar las cifras así no cuadra con el marketing euro papanata al uso. Sorprenderá saber que, en el actual periodo 2014/2020, España ya va palmando en su saldo financiero con la UE con 3.257 M€ de déficit, que probablemente la convertirá, al final del periodo, en contribuyente neto al Presupuesto UE. Algo que no debe avergonzarle, aunque sí debe servir para enterrar de una vez el discurso tramposo sobre el cuerno de la abundancia europeo. Más aún cuando tras el BREXIT, los ajustes presupuestarios nos convertirán en contribuyentes netos «de pleno derecho»...

 

Olvidada quedó la reivindicación de un Estatuto Permanente para las Islas, fundamentada en el carácter también permanente de nuestras limitaciones estructurales. El nivel máximo de recursos, previsto para las regiones Objetivo 1, siguió fijándose según el criterio del PIB por habitante (PIB/h) que, para estas regiones, requería no superar el 75% de la media comunitaria. En el periodo 2000/2006 Canarias continuó considerándose Objetivo 1, pero con la integración de los nuevos países mediterráneos y del Este, llegándose a la Europa de los 27, superamos el 85 % de la media y se perdió tal calificación en el siguiente periodo 2007/2013.

 

Como consecuencia, los fondos estructurales y de cohesión asignados a Canarias para este último periodo se redujeron casi a la mitad, bajando hasta una media de 227.5 M€ anuales, desde los 445,5 M€ de media anual del precedente periodo.

 

Sabido es que la utilización del PIB/h como referente para la asignación de fondos está muy cuestionada, por ignorar cómo se distribuye realmente la riqueza entre los distintos sectores sociales, es decir, por confundir los conceptos de crecimiento y desarrollo real. Ello produce situaciones tan injustas y absurdas como que, en el reparto de las dotaciones adicionales del FEDER para las RUP, Canarias, al tener el 87% de la media del PIB/h de la UE y pese a representar el 48% de la población RUP, con un 26% de desempleo y más del 50% de paro juvenil, recibe un 17% de los fondos; mientras Azores, con un 5.4% de la población de las RUP y un 7% de desempleo, recibe un 20% de tales fondos, por estar en el 75% de la media del PIB/h.

 

Trato especial, pero no tanto

 

Pero veamos de cuánto estamos hablando respecto a la asignación a Canarias de fondos europeos, incluidos los del Programa POSEICAN, teniendo en cuenta la filosofía derrochada en los Tratados en favor de las RUP. Ya señalamos que, en el anterior periodo 2007/2013, el Estado español recibió una media anual de fondos brutos comunitarios de 12.625 M€, de los que teóricamente debieron corresponder a Canarias un 4.51%, como mínimo, por nuestra aportación a la población estatal, es decir, 569M€, que deberían incrementarse para que la retórica RUP no luzca cual florero y para ayudar a equiparar a la media nuestro PIB/h, ahora en el 83%, con los más altos índices de pobreza del Estado. Sin embargo, se recibieron de la UE 552 M€ brutos de media anual, 17 M€ menos por año, sumando todos los fondos recibidos del FEDER, FSE, FEADER, FEMP, Fondo de Cohesión y POSEICAN.

 

¿Dónde está entonces el supuesto trato especial RUP, si ni siquiera se nos garantiza el porcentaje de fondos brutos asignados al Estado que nos correspondería por el número de habitantes, aún sin considerar la población desplazada residente temporal que también consume servicios públicos?. Pero hay otras contradicciones que señalar. De una parte, que en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) asignado a las Islas se incluyen las subvenciones a la flota gallega del cefalópodo, que acapara el 90% de dicho fondo al estar domiciliada en Canarias, pese a que hace ya muchos años que no utiliza nuestros puertos. Más de 3 M€ anuales que terminan transfiriéndose a Galicia.

 

Y de otra, que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), incluido en el POSEICAN, de efectos colaterales muy negativos sobre las producciones locales, supone una transferencia a Canarias de 68.57 M€ de media anual, pero recordando que este instrumento se creó para compensar los incrementos de costes de suministros de insumos y productos europeos que nos acarreaba la integración plena, como los aranceles a terceros países, la pérdida de las restituciones comunitarias y los precios más elevados que los internacionales. El REA, por tanto, más que una subvención, es una devolución de parte de los sobre costes que pagamos por la plena integración.

 

Infierno social

 

Con unos sectores primario y secundario cada vez más testimoniales, el crecimiento económico ha quedado hipotecado al sector turístico y sus encadenamientos productivos de la construcción, el comercio y resto de servicios. La nula diversificación productiva que la plena integración acarrea nos endosa el papel -dentro de la división intra europea del trabajo- de colonia de mercado para el consumo de sus excedentes y destino de ocio turístico o de segunda residencia para sus jubilados.

 

Un crecimiento, con un PIB superior a los 42.000 M€ en 2016, no traducido en desarrollo económico y social, como lo ratifica la grave situación de emergencia social que padecemos, a la cola del Estado y resto de la UE, con un 26% de paro y más de un 50% de paro juvenil, un 35% de la población en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de sufrirlo, afectando en un 47.6% a la población infantil; y padeciendo las fatales consecuencias de las listas de espera sanitarias y de atención a la dependencia.

 

Infierno social al que nos condena un modo de producción neo liberal, dependiente y extrovertido, basado en la sobre explotación de la clase trabajadora y el drenaje de capitales al exterior. Al servicio, en definitiva, de la voracidad extractiva de multinacionales, especuladores financieros, cadenas comerciales estatales y europeas, tour operadores y grandes empresas turísticas locales y foráneas.

 

La alternativa del régimen de asociación

 

El naufragio del régimen RUP nos obliga a buscar fórmulas alternativas en nuestras relaciones con la UE, como de hecho ésta nos ofrece a través de sus Tratados. Continuar con la camisa de fuerza que nos imponen las normas sobre competencia del mercado interior comunitario es renunciar al modelo de desarrollo económico y social que nos merecemos, equilibrado, sostenible, auto centrado en función de nuestras verdaderas potencialidades productivas y al servicio de los sectores populares canarios.

 

Este nuevo modelo sería perfectamente compatible con unas relaciones de asociación a la UE, tal como prevé la IV Parte del Tratado de Funcionamiento (TFUE), referida a la Asociación de los Países y Territorios de Ultramar (PTU). Opción prevista para territorios ubicados geográficamente fuera de Europa con relaciones especiales históricas con el Estado al que pertenecen, como es el caso de Canarias.

 

Tal como asevera la Comisión Europea en el Libro Verde (SEC 2008, 2.067), sobre las relaciones entre la UE y los PTU, «éstos no pueden separarse de la UE y en cierto modo conforman sus confines. Los PTU y la UE pertenecen a una misma familia». Añadiendo que «todos los nacionales de los PTU poseen la Ciudadanía de la Unión en el sentido del Art. 20 del TFUE, al ostentar la nacionalidad de un Estado miembro, siendo titulares del derecho a residir libremente en la UE y demás derechos civiles y políticos de la Unión».

 

Nuestra asociación a la UE nos garantizaría, además, el libre acceso de nuestras producciones originarias agrarias, pesqueras e industriales a los mercados europeos, haciendo compatibles las ayudas compensatorias, tanto europeas, como estatales y locales, para paliar las desventajas de estos sectores, de gran importancia económica, social y medioambiental pese a su pequeña aportación al PIB canario, pudiendo establecer derechos arancelarios o arbitrios, incluso frente a las importaciones desde la UE, e instrumentos de salvaguardia para nuestros sectores estratégicos y sensibles.

 

Asociación que nos permitiría, en definitiva, la implementación de políticas propias como, entre otras, una Política Agraria Canaria (PACA), con los fondos necesarios para recuperar a corto plazo el 3% de contribución agraria al PIB y los miles de empleos perdidos, tanto en el subsector tomatero como en el de auto abastecimiento, junto al incremento paulatino de la superficie cultivada y la defensa de nuestro medio rural, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel posible de soberanía alimentaria.

 

Y sobre todo, dignificando al trabajador agrario en su imprescindible función social y ambiental -no puede haber paisaje sin paisanaje-, blindando sus derechos laborales y restableciendo el tutelaje público de la organizaciones de productores, para garantizar una distribución equitativa de las rentas agrarias a los más pequeños.

 

Una asociación que, lejos de confundirse con posiciones euro escépticas, pretende nuestro encaje adecuado en una Unión Europea que respete los valores que la definen y los principios que inspiran al Movimiento Europeo, el Consejo de Europa y las constituciones democráticas europeas. Derechos civiles y políticos algunos de los cuales están hoy en entredicho con la errática deriva de algunas políticas comunitarias.

 

Urge ponerse en marcha por un futuro de prosperidad y dignidad, porque como afirma Paulo Freire: «Las cosas no son así, sino que están así y podemos cambiarlas».